La Xunta, a través de la Sociedade Galega do Medio Ambiente (Sogama), ha licitado por un importe cercano a los 3,7 millones de euros la gestión integral de las plantas de biorresiduos de Cervo (Lugo), Verín (Ourense) y Vilanova de Arousa (Pontevedra).

En concreto, el contrato tendrá una vigencia de tres años para que las empresas interesadas puedan presentar ofertas hasta el próximo 1 de abril e incluye las labores de operación, mantenimiento y limpieza de estas instalaciones –encargadas de tratar y transformar en compost la materia recogida de forma diferenciada a través de los contenedores marrones–.

Asimismo, se contempla la distribución y comercialización del abono obtenido, «con posteriores aplicaciones en el sector de la agricultura y de la jardinería», según ha subrayado la Xunta en una nota de prensa.

Estas tres plantas públicas de gestión de biorresiduos se pusieron en marcha con el objetivo de ayudar a los ayuntamientos –que son los que tienen las competencias en materia de residuos de origen doméstico– a cumplir con la legislación vigente.

En este contexto, las tres plantas desarrollan las distintas fases del proceso de compostaje de los residuos orgánicos, desde el pretratamiento y la fermentación hasta la maduración y el almacenamiento pasando por los correspondientes tratamientos de aire y de aguas.

Además, parte de las instalaciones son autosuficientes desde el punto de vista energético ya que cuentan con paneles solares fotovoltaicos, «contribuyendo de esta forma a la lucha contra el cambio climático».

En otro orden de asuntos, Sogama también ha licitado un contrato para la prestación del servicio de control de pesada y mantenimiento de básculas del complejo medioambiental de Cerceda (A Coruña), «esencial para registrar las cantidades de residuos que entran en las instalaciones y la procedencia de los mismos, así como de los materiales que salen con destino a las entidades de reciclaje».

En este caso, la prestación del servicio será por un período de cuatro años por un importe superior a los 2,2 millones de euros y, al igual que con las plantas de biorresiduos, las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 1 de abril.