Una de las acusaciones personadas en el procedimiento judicial abierto por el accidente mortal del Saltamontes, en agosto de 2024, en las fiestas de Matamá (Vigo), ha lamentado que las personas investigadas «se echan la culpa unos a otros», pero no ha quedado claro por qué esa atracción estaba funcionando cuando carecía de autorización municipal.

Así lo ha trasladado el abogado Francisco Méndez Senlle, que representa a la pareja de Iván Castaño, de 36 años (fallecido como consecuencia de la rotura de uno de los ‘brazos’ del Saltamontes), a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Vigo, después de asistir a la declaración, como investigado, del jefe de la Policía Local de Vigo, Alberto Carballo.

El letrado, que ha eludido desvelar detalles de la declaración, ha señalado que «quedan diligencias por practicar» y que esta parte pedirá más explicaciones acerca del polémico correo electrónico remitido desde la Concejalía de Seguridad a la Policía Local informado de que esa atracción no disponía de autorización, al no haber cumplimentado toda la documentación. Se trata de un correo, que según recoge un informe aportado al juzgado, quedó sin leer cuando llegó.

«Da la sensación a veces de que unos echan las culpas a los otros y nosotros como perjudicados, mi cliente como perjudicada, quiere una explicación, necesita saber por qué una atracción que no podría funcionar se permitió que se pusiera en marcha, y no tenemos la explicación todavía», ha advertido el abogado.

Méndez Senlle ha confirmado también que solicitará más declaraciones, en este caso como testigos, de agentes de la Policía Local. En todo caso, el abogado ha señalado que la declaración de este jueves habría servido para corroborar que «la Policía Local hace su trabajo, y parece ser que lo hace bien».

El abogado ha insistido en que representa a una ciudadana que fue a una fiesta y que «estuvo a punto de fallecer», porque iba al lado de la víctima. Al respecto, ha manifestado que los investigados pueden mantener la estrategia de defensa que deseen pero, en el caso de responsables políticos, como la concejal de Seguridad (que también está investigada) tienen que asumir una «responsabilidad política» y «explicar a los ciudadanos por qué las cosas no funcionan bien, y acaban en una muerte en una fiesta».