La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha condenado finalmente a los dos gestores de un club de alterne de Vigo a una pena de un año y de seis meses, respectivamente, como autores de un delito contra los derechos de los trabajadores. Además, deberán indemnizar a la Tesorería General de la Seguridad Social con 1.566 euros.

De esta manera, la Audiencia recoge en su sentencia el acuerdo alcanzado entre las partes sobre las penas de prisión y la cuantía de la responsabilidad civil a pagar a la Seguridad Social, pese a que este organismo no estaba conforme con este último punto del acuerdo, solicitando más de 20.500 euros.

En la sentencia, los magistrados también suspenden la actividad de la sociedad a través de la cual gestionaban el club durante cinco años e imponen cinco meses de prisión a un tercer acusado como cómplice, pues el tribunal indica que se encargaba de recibir y contratar verbalmente a las trabajadoras, a quienes explicaba las normas. Asimismo, cobraba a los clientes y entregaba a las mujeres su porcentaje.

La Audiencia entiende acreditado que los acusados gestionaban el club, dedicado a la prostitución y al alterne, donde emplearon a varias trabajadoras sin dar de alta en la Seguridad Social, incluyendo a algunas en situación irregular y sin autorización para trabajar.

En la sentencia, los jueces explican que, además del reconocimiento de los hechos realizado en el juicio por parte de los acusados, cuentan con corroboraciones de los mismos, entre ellas prueba documental como las actas de inspección conjunta de la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documental y la Inspección Laboral en el club. El fallo no es firme, pues cabe presentar recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

HECHOS

Los hechos fueron denunciados tras dos visitas conjuntas de la Inspección Laboral y de agentes de la UCRIF de la Policía Nacional al club, situado en la zona de Castrelos. Así, se pudo constatar la presencia de 19 mujeres que ejercían la prostitución, sin estar dadas alta en la Seguridad Social, y en algunos casos sin permiso de trabajo o en situación irregular en España.

La mayoría de las trabajadoras eran de nacionalidad colombiana, y también había mujeres brasileñas, dominicanas, una paraguaya, una venezolana y una procedente de Rumanía.

El club cerró en septiembre de 2023 y los dueños del chalé donde se ubicaba denunciaron a los acusados por impago del alquiler del inmueble.