La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, acoge desde este lunes el juicio contra 11 acusados de un presunto delito de contrabando de embarcaciones prohibidas (por la supuesta construcción y venta de ‘narcolanchas’ desde Vigo y el norte de Portugal), que enfrentan a penas que van de 2 a 9 años de prisión.

El pasado 2 de febrero ya se celebró una vista para plantear las cuestiones previas, en la que las defensas de los procesados cuestionaron la competencia del tribunal y la validez de las pruebas obtenidas a partir de registros, intervenciones telefónicas y balizamiento de embarcaciones.

Este lunes comenzará el juicio (salvo que el tribunal acceda a la petición de los abogados de suspender la vista por falta de competencia) con las declaraciones de los testigos, ya que los procesados declararán en último lugar.

La Fiscalía, que rechazó las cuestiones previas planteadas por las defensas, considera que los 11 acusados (más una empresa de transportes de O Porriño) formaban una estructura «empresarial, personal y material» que, al menos entre septiembre de 2020 y junio de 2022, se dedicaba a construir lanchas semirrígidas de alta velocidad, constitutivas de género prohibido, que iban a ser destinadas a operaciones de narcotráfico.

Así, les atribuye delitos de contrabando de embarcaciones constitutivas de género prohibido, cometidos por medios de personas, entidades y organizaciones. Además, a uno de los encausados lo acusa también de tenencia ilícita de armas y de delito contra la salud pública, ya que en el registro de su domicilio se le intervinieron casi 300 gramos de hachís y, en su despacho de la empresa de transportes, una pistola detonadora semiautomática.

En el marco de esta investigación se tuvo conocimiento de la construcción de al menos 19 ‘narcolanchas’, algunas de las cuales se probó que habían participado en alijos de hachís en el sur de la Península.

Por estos hechos, la Fiscalía pide para los acusados penas que van desde los 2 a los 9 años de prisión, y el pago de multas que suman en total más de 80 millones de euros. Para la empresa acusada pide multa de 14 millones de euros y dos años de prohibición de obtener ayudas o subvenciones públicas, o para beneficiarse de incentivos fiscales; además de un año y tres meses de suspensión de las actividades de importación, exportación o comercio de embarcaciones neumáticas y semirrígidas.