Entidades memorialistas esperan que el Tribunal Supremo garantice la propiedad pública del Pazo de Meirás y condene a la familia Franco a pagar una indemnización por «posesión de mala fe e ilegal» del mismo, según han expuesto, en rueda de prensa, representantes de las mismas, más de una veintena, en referencia a la votación y fallo fijado para el día 19 en relación al proceso judicial.
«Reclamamos una sentencia ejemplar», ha manifestado el presidente de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH), Carlos Babío, que ha comparecido junto a representantes de otras entidades en una comparecencia en la que han reivindicado el papel de la sociedad gallega, con la labor de entidades y de las movilizaciones, para lograr reclamar el Pazo de Meirás para el patrimonio público.
«En sí es un hecho histórico que la lucha social consiguiera demostrar que hubo un expolio del franquismo», ha señalado Babío, en la misma línea que otros intervinientes, después de que inicialmente el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña reconociese la propiedad del Pazo de Meirás como patrimonio público, algo que ratificó luego la Audiencia Provincial de A Coruña.
Una votación favorable al planteamiento de las administraciones — Estado, los ayuntamientos de Sada y A Coruña, Xunta y Diputación de A Coruña — frente al posicionamiento de la familia Franco permitiría, ha dicho, que la propiedad pasase a ser definitivamente titularidad pública.
Además, ha recalcado que abriría la posibilidad de «recuperar otros expolios del franquismo y acabar con su impunidad», ha sentenciado en línea con lo manifestado por otros representantes como el expresidente de la CRMH, Manuel Monge, que ha recordado que en esta misma situación están otros edificios como la Casa Cornide, en A Coruña.
POSESIÓN DE «MALA FE»
«Pedimos que se mantenga la propiedad en el espacio público y que, además, los Franco sean condenados a indemnizar al patrimonio público por posesión de mala fe e ilegal del Pazo». «Los nietos son conocedores de cómo se adquirió esa propiedad», ha argumentado en una comparecencia en la que ha reivindicado la «movilización social» en Galicia para lograr que el Estado y otras administraciones no solo iniciasen el procedimiento judicial sino que luego presentasen recurso ante el Tribunal Supremo.
Sobre el debate en el mismo y confiando en que se mantenga la titularidad pública, ha aludido, en relación a la indemnización que plantean, que el debate está en si los herederos eran poseedores de «mala fe», como mantuvo la sentencia de 2020 del Juzgado de Primara Instancia, o de «buena fe», como consideró la Audiencia de A Coruña en su fallo de 2021.
«Y, por lo tanto, hay un derecho de liquidación de esa propiedad muy favorable para ellos porque establecía 1975 como iniciación de esa liquidación, lo que se llama estado posesorio», ha precisado sobre restitución de los gastos en los que podría haber incurrido la familia mientras fue titular del inmueble.
SENTENCIAS
Y es que en su momento la Audiencia de A Coruña declaró que el Pazo de Meirás y las fincas incluidas en el recinto son propiedad del Estado, tal y como decretó el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña el pasado mes de septiembre.
No obstante, la magistrada de Primera Instancia entendió que no cabía indemnización porque la propiedad fue incorporada al patrimonio de la familia Franco «de mala fe». Los magistrados de la Audiencia Provincial, sin embargo, consideraron que no hay pruebas de que los demandados fuesen conscientes de que el título de propiedad de su abuelo fuese inválido.
Mientras, y ya sobre los bienes existentes en el inmueble, más de 500, el Gobierno trasladó en su momento su satisfacción por la decisión de la justicia de dejar en manos del Estado la custodia de los mismos hasta una sentencia definitiva.
