El concejal de Mobilidade e Convivencia del Gobierno de Santiago, Xan Duro, ha anunciado la suspensión de la orden de continuidad de la empresa Serviplus, encargada del servicio de animación en los centros socioculturales, para que los trabajadores puedan cobrar el paro. De esta manera, las actividades estarán suspendidas como mínimo un mes y los trabajadores serán subrogados cuando asuma el contrato una nueva empresa.

Una decisión que llega después de que Eulen, empresa adjudicataria del nuevo contrato, renunciase a él la semana pasada. Los trabajadores de los centros acumulan nóminas sin pagar desde hace meses, por eso, con el objetivo de «no causar mayores prejuicios» se ha optado por suspender la continuidad de la todavía concesionaria, Serviplus.

«Así tendrán la posibilidad de acceder a una prestación por desempleo mientras se resuelva todo esto. Es mejor para el trabajador que estar obligado a ir a su puesto de trabajo sin cobrar y sin visos de hacerlo mientras se mantenga esta empresa», ha indicado Duro en rueda de prensa.

El concejal ha asegurado que una vez la nueva empresa asuma el contrato de animación, estas personas pasarán a ser subrogadas con el «contrato exactamente igual que si hubiese una continuidad de la empresa». En cuanto a las facturas pendientes de pago por los servicios ya prestados, «se seguirá manteniendo la garantía de pago de los salarios».

De esta forma, ha señalado que los servicios afectados serán «sobre todo las aulas de juego, las aulas de Informática y las actividades de dinamización», mientras que la atención al público y los servicios bibliotecarios se mantendrán.

Duro ha lamentado «enormemente» y ha pedido «disculpas y en nombre de todo el gobierno a las personas afectadas por la suspensión de las actividades», una situación a la que, según ha dicho, «no querían llegar».

EULEN TIENE «LAS RESPONSABILIDADES»

Durante su comparecencia, el responsable de Movilidad ha explicado que las primeras evaluaciones técnicas apuntan a que la renuncia de Eulen «carece de causas justificadas».

Así, ha apuntado a que dicha renuncia se debe a dos motivos: La deuda que la anterior empresa mantiene con los trabajadores y el procedimiento judicial iniciado por la representación sindical para que les sea aplicado el convenio colectivo de eventos, servicios y producciones culturales y no el convenio del sector ocio y animación sociocultural contemplado en los pliegos.

Al respecto, Duro ha asegurado que en el momento de la licitación y durante la presentación de ofertas «no existía deuda salarial cierta, vencida y exigible por parte de la empresa contratista que pudiera ser comunicada a los nuevos licitadores».

En esta línea, sobre la denuncia y el conflicto colectivo formulado por los trabajadores, Duro ha expuesto que «esta demanda fue interpuesta el 22 de septiembre de 2025», nueve días antes de la publicación de la plataforma de contratación de esta licitación, con que «evidentemente estaban todos los pliegos y todos los estudios económicos absolutamente cerrados e informados».

«Y además, a mayores, es una denuncia, no es una sentencia», ha insistido, apuntando que el Ayuntamiento no puede basar los cálculos económicos sobre cosas que «están pendientes de decisión judicial, sino sobre hechos probados».

Por todo ello, Duro ha remarcado que la renuncia de Eulen «no tiene causas que se puedan imputar al Ayuntamiento», y que reclamarán con todas las «penalidades que les permita la ley de contratos». Asimismo, el edil ha afirmado que si alguien tiene que dimitir y dar explicaciones es «la persona que tomó la decisión de suspender un contrato adjudicado», en referencia a la empresa.

LA EMPRESA OS VENTOS EVALÚA LA SITUACIÓN

En su intervención, Duro ha relatado que el siguiente paso tras la renuncia fue contactar con la empresa que quedó en segundo lugar, en este caso Os Ventos, que se encuentra «evaluando» la situación. El Gobierno local está «a la espera de conocer su voluntad» tras proporcionarle todas las explicaciones que solicitaron.

«Contacté con la empresa la semana pasada, y venimos de tener otra reunión con ella, donde explicamos bien el contrato, las condiciones, nuestros argumentos, los datos económicos. Ellos quedaron en estudiarlo y en darnos una respuesta en unos días porque realmente aún no tienen adjudicado el nuevo contrato», ha relatado.

Duro ha señalado que la suspensión del servicio se aprobará en la próxima Xunta de Goberno y se comunicará a la empresa, que tendrá 10 días para abrir la notificación electrónica, momento en el que se oficializará la suspensión.

Posteriormente, la mesa de contratación adjudicará el contrato y la empresa tendrá un plazo para presentar la documentación habitual para asumirlo y otros 15 días para presentar posibles reclamaciones. Con todo, «si la empresa asume el contrato, en mes, mes y medio debería estar funcionando».