El anteproyecto de ley de administración local de Galicia diseñado por el Gobierno que dirige Alfonso Rueda plasma su apuesta por «reforzar» el papel de las diputaciones provinciales, cuyas competencias propias «clarifica», mientras pasa página ‘administrativa’ de figuras como las comarcas y parroquias, al entender que «carecen de sentido» en términos de organización territorial.

Una comparativa entre la norma en trámite de audiencia pública y la ley a la que sustituirá, que data del año 1997, evidencia la apuesta de la Xunta por la provincia y las diputaciones, con un amplio capítulo relativo a las competencias propias que contrasta con los enunciados genéricos del texto legislativo que les atribuía funciones casi 30 años atrás.

Por ejemplo, el borrador de la norma que prepara la Xunta incide en que las diputaciones provinciales «reforzarán» con sus servicios de asistencia jurídica, económico-financiera y técnica a los municipios, y que, en todo caso, «garantizarán con personal propio la elaboración de dictámenes jurídicos y la representación procesual en juicio».

También, agrega, «el asesoramiento y la emisión de informes que puedan necesitar los ayuntamientos en materia económico-financiera y la elaboración de informes técnicos en materia urbanística».

«Esta asistencia por parte de las diputaciones provinciales tendrá carácter obligatorio en los municipios en situación de reto demográfico que así lo soliciten y carácter preferente en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes», determina.

El listado de competencias propias específicas de las diputaciones alcanza la decena de puntos en un anteproyecto legislativo en el que se apuesta también por el impulso de las mancomunidades y se introducen fórmulas de cooperación municipales variadas. En el polo opuesto, no se menciona la figura de la parroquia y la comarca solo aparece en la disposición que deroga, entre otras leyes, la de desarrollo comarcal de 1996, cuando Manuel Fraga presidía la Xunta.

Aprobada hace casi 30 años, la ley gallega de administración local aún en vigor sí que recogía el papel de las comarcas y, sobre las parroquias, anticipaba que una norma posterior del Parlamento definiría las «parroquias rurales» como «entidades locales territoriales» que gozarían de «autonomía para la gestión de sus intereses patrimoniales». Dicha ley nunca se aprobó.

«EL SENTIMIENTO IDENTITARIO SEGUIRÁ»

En declaraciones a Europa Press, la directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, ha explicado que el planteamiento de organización territorial que certifica el borrador de la ley ha sido «meditado» y «debatido».

«Repensamos todas las figuras que existían actualmente», ha asegurado, antes de defender que, «más allá del sentir, del sentimiento identitario, que seguirá», se concluyó que parroquias y comarcas «carecen de sentido» en la organización territorial actual.

«El contexto de hace 30 años era diferente, lo que buscamos ahora es no tener tantas subdivisiones territoriales», ha remarcado la directora xeral, quien ha ratificado, con este trasfondo, la apuesta del Ejecutivo autonómico por «potenciar la provincia» y «fórmulas como las mancomunidades».

Aunque la norma que ahora tramita el Gobierno de Rueda es la que firma la derogación de la ley de desarrollo comarcal, fue el Gobierno de PSdeG y BNG que dirigió Galicia entre 2005 y 2009 el primero que impulsó una reforma legislativa que permitía a la Xunta desligarse de la financiación de las fundaciones comarcales (el Gobierno de Fraga había creado más de una treintena).

La hemeroteca recoge que José Luis Méndez Romeu, entonces conselleiro de Presidencia, incidía en que las fundaciones comarcales «no» habían cumplido los objetivos para los que habían sido creadas y no debían «ser el esquema de vertebración del territorio».

De facto, la actividad de las fundaciones comarcales es casi inexistente desde 2008, también por el veto a que gestionasen ayudas de fondos comunitarios, aunque algunas mantenían proyectos en marcha y fue un Gobierno del PP, dirigido por Alberto Núñez Feijóo, quien había prometido en la campaña que devolvió la Xunta a los populares dar batalla contra «los chiringuitos», el que sentenció su disolución definitiva en 2010.

PARTICIPACIÓN EN EL PRESUPUESTO DE LAS DIPUTACIONES

La norma sí contempla y regula las entidades locales menores, dado que hay varias en Galicia, pero Prieto insiste en que el futuro debe pasar por una organización administrativa que tienda a superar la multiplicidad de «subdivisiones territoriales».

Más novedades de la futura ley de administración local, argumenta la directora xeral, van en ese camino, como las agrupaciones municipales para compartir personal –cualquier plaza de funcionario o personal laboral fijo, dado que hasta ahora esta vía se limitaba a «compartir» habilitados nacionales, esto es, secretarios, interventores o tesoreros–.

En cuanto al refuerzo del papel de las diputaciones, Prieto ha defendido que «no se les suman funciones» pero sí se «clarifican» con el objetivo, además, de «unificar» las formas de proceder en las distintas instituciones provinciales.

Su deber de «asistir» a los municipios queda «claro» en una norma de la que Prieto ha destacado otras novedades «importantes» como por ejemplo la regulación de la participación municipal en la elaboración del presupuesto provincial.

Con el objetivo de «reforzar la participación municipal en las políticas públicas provinciales», el anteproyecto recoge que la aprobación de los presupuestos anuales de las respectivas diputaciones provinciales exigirá que, en el trámite de exposición pública, «se efectúe una consulta electrónica» dirigida a los municipios de la provincia.

Dicha consulta está destinada a obtener información sobre las necesidades municipales prioritarias, aunque no será vinculante. Eso sí, el acuerdo de aprobación definitiva, de ser el caso, deberá reflejar de forma expresa los resultados derivados de este proceso participativo.

PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A OBRAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL

Las diputaciones deberán, además, aprobar anualmente un plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal. En los criterios de reparto se incluirá una cuota fija mínima distribuida de forma lineal entre el conjunto de los ayuntamientos de su ámbito territorial y el porcentaje restante se distribuirá atendiendo a dispersión, envejecimiento, esfuerzo fiscal y superficie.

El objetivo es que «se asegure una distribución equitativa ajustada a las necesidades del municipio». La futura norma recoge que la aportación provincial por este concepto –el plan de cooperación– deberá alcanzar, como mínimo, el 20% de los créditos iniciales correspondientes a los recursos ordinarios del presupuesto provincial de cada ejercicio.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La norma también pone el foco en la participación en el ámbito municipal. De hecho, legisla que los municipios de más de 30.000 habitantes tendrán el deber de crear órganos de participación ciudadana.

La finalidad es integrar la participación de los vecinos y de las asociaciones en los asuntos municipales, con la composición, funciones y régimen de funcionamiento que se establezca en el correspondiente reglamento municipal o mediante acuerdo plenario de creación.

Todo ello, clarifica la norma, sin que en ningún caso «puedan ejercer competencias decisorias» o «menoscabar las atribuciones de los órganos necesarios» establecidos por la norma básica del régimen local.