La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, juzgará el próximo jueves y viernes a cuatro personas por su vinculación a sendas clínicas en Milladoiro (Ames, A Coruña) y Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) que, según el fiscal, llegaron a emitir 511 certificados PCR de pruebas de covid-19 sin tener la autorización para ello.
De este modo, la Fiscalía les atribuye un delito continuado de falsedad documental y estafa, por el que pide –además de multas– 6 años de prisión para el «responsable último» de las clínicas; 4 años y 4 meses al encargado de la de Vilagarcía, y 3 años y 6 meses a dos empleadas de los establecimientos.
Según el escrito fiscal, las clínicas carecías de autorización, infraestructura y capacidad para realizar análisis clínicos y, en concreto, para efectuar analíticas de antígenos y PCR de coronavirus. Por este motivo, en un inicio, realizaron contratos con laboratorios externos, que acabaron cesándolos por impagos.
Una vez ya no contaban con laboratorios externos contratados, el Ministerio Público sostiene que, entre octubre, noviembre y diciembre de 2021, los encausados emitieron al menos 511 certificados PCR y sus correspondientes solicitudes de análisis de laboratorio «a sabiendas de su falsedad y guiados del ánimo de obtener un beneficio ilícito».
En este contexto, el escrito recoge que las clínicas –bajo la marca Suevia– se presentaban en el mercado y ante los clientes con una «apariencia de legalidad» mediante el uso de carteles informativos y con publicidad en los medios de comunicación.
MULTAS
Además de las penas de prisión, la Fiscalía solicita la imposición de multas en relación a los impagos. Para el principal acusado pide el pago de 50 euros diarios durante 6 meses y 15 euros durante un año; para el responsable de la clínica de Vilagarcía, el abono de 20 euros diarios por 6 meses y 15 euros durante 10 meses, y, en el caso de las dos empleadas, 20 euros por 6 meses y 15 euros por 8 meses.
Asimismo, en concepto de responsabilidad civil, exige que devuelvan las cantidades abonadas por más de una veintena de usuarios, que oscilan entre 80 y 120 euros por prueba.
