La Unión Progresista de Fiscales ha salido este miércoles en defensa del fiscal de Medio Ambiente, Álvaro García Ortiz, tras las críticas recibidas por su participación en un debate organizado por el PSOE, recordando que los profesionales del Ministerio Público tienen derecho a la «libertad de expresión» y a «tomar parte en cualquier debate público», al tiempo que ha acusado al vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de «censor».

En un comunicado, la Unión Progresista de Fiscales recuerda que Álvaro García Ortiz participó en nombre de esta entidad en la mesa redonda ‘Una Galicia Sostenible’, organizada por el Partido Socialista de Galicia, junto a la presidenta de ADIF y los catedráticos de Política Económica y Ecología de la Universidad de Vigo. En ella, precisan, «se trató la problemática de los incendios forestales en esa comunidad autónoma y se formularon diversas propuestas de mejora para el servicio público de la Justicia».

Ante las declaraciones realizadas por miembros del Partido Popular en relación a esta cuestión, especialmente por el vicepresidente de la Xunta, la Unión de Fiscales ha explicado que estos profesionales «tienen derecho efectivo a la libertad de expresión, de creencias, de asociación y de reunión», así como «a tomar parte en cualquier debate público que verse sobre derecho y administración de justicia», sin que «puedan ser señalados por ejercer sus derechos constitucionales ni puedan sufrir impedimento en el desarrollo de su carrera profesional».

«Lamentamos que el vicepresidente de la Xunta de Galicia se convierta en censor de las actividades de los fiscales», recoge el comunicado, que alega que Alfonso Rueda, como miembro del Gobierno gallego, «no es quién para pedir explicaciones sobre la actuación de un fiscal en el legítimo ejercicio de sus derechos constitucionales a la libertad de expresión y reunión, así como al libre y pleno desarrollo de su derecho asociativo como integrante de la carrera fiscal».

Con ello, la «única instancia» que «podría pedir algún tipo de explicación» en este caso sería la propia Fiscalía General del Estado, a través de la Inspección Fiscal, único órgano con capacidad de limitar o sancionar las conductas de los fiscales. «Esta institución, que fue consultada previamente, no puso reparo alguno a la participación de nuestro compañero en dicho acto», resumen.

«Ejercer la censura desde su posición institucional, como hace el vicepresidente gallego, por el hecho de participar en una mesa redonda que parece no ser de su agrado, sí supone una intromisión inaceptable que cuestiona la contrastada profesionalidad de este fiscal y dice mucho de su concepción del Estado de derecho, en que el ejercicio de la libertad de expresión parece solamente limitado a quienes no siguen sumisamente sus dictados, argumentos y razonamientos políticos», finalizan.