La secretaria de la Diputación de Ourense ha puesto en tela de juicio las subvenciones nominativas de los ejercicios 2019/2020, por importe de más de 11 millones de euros, propuestas por el grupo de gobierno del ente provincial, según han denunciado BNG y PSOE.

Los grupos de la oposición han manifestado este miércoles durante una comparecencia conjunta que el propio informe solicitado a la secretaria concluye que «la inclusión de subvenciones nominativas en los presupuestos provinciales de estos dos ejercicios adolece de falta de motivación».

A su vez, el secretario del ente provincial explica que «dicha carencia constituye un defecto formal susceptible de anulabilidad de dichas previsiones, sin perjuicio de la posibilidad de su subsanación».

Por este motivo, el portavoz del BNG en la Diputación, Bernardo Varela, ha dicho entender que «queda blanco sobre negro», como ya venían indicando los grupos de la oposición, que las subvenciones nominativas se están repartiendo por parte de la Diputación «sin ningún tipo de criterio».

Además, el portavoz nacionalista ha explicado que el próximo paso que darán será la solicitud de «la subsanación de dichos defectos de forma y la elaboración de un informe motivado de todas y cada una de las subvenciones que se van a conceder».

En este contexto, el BNG también ha recordado que, tal y como establece el Boletín Oficial de la provincia de Ourense, «el procedimiento de concurrencia competitiva será el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones».

REPARTO DE FONDOS PARA LA CIUDADANÍA

Al hilo de esto, el portavoz socialista en la Diputación de Ourense, Rafael Rodríguez Villarino, ha dicho compartir la misma finalidad, que pasa por «el reparto objetivo de fondos para la ciudadanía».

De este modo, los socialistas han incidido en la necesidad de que expliquen «por qué» se concedieron estas subvenciones que «casi llegan a los 10 millones de euros frente a lo que se reparte por los planes de cooperación provinciales que asciende a poco más de 8 millones de euros».

Ambos grupos han mostrado su intención de «continuar vigilantes» cumpliendo con «su labor de control del ejercicio de las actividades por parte del gobierno».