El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha defendido que la ganadería supone el 11,6% de la contaminación de España, por lo que emplaza al Gobierno a que plante cara ante los «ataques» y «criminalización» que sufre el sector.

En rueda de prensa conjunta en Santiago de Compostela con el secretario xeral de Unións Agrarias, Roberto García, el responsable de UPA ha avisado de que «no se puede permitir» que en la cumbre del clima celebrada en Madrid «se venga a decir que las vacas son las culpables de la mayor parte de la contaminación de este país, más que los aviones, los coches y los barcos».

En esta línea, Ramos deja claro que la agricultura y la ganadería contaminan «mucho menos que lo que hacen grandes industrias que se dedican a la producción de energía, que han sido las grandes patrocinadoras de estos eventos poniendo anuncios tremendos».

Por ello, se queja de que «ya está bien de aguantar tantos ataques», tras «todo el esfuerzo hecho», al tiempo que llama al Gobierno central a que «defienda ante la sociedad» la labor realizada en el «día a día» por los productores para proporcionar alimentos «seguros», así como para dotar de vida a la «España vaciada».

Y es que el responsable de UPA tacha de «vergonzosa» la «cantidad de ataques» realizados durante la cumbre del clima sobre los ganaderos y las vacas como si fuesen los causantes de «todos los males» de la contaminación, a pesar de que «es mentira».

«AÑO NEGRO» DE PRECIOS

Por otra parte, el secretario general de UPA ha hecho balance de un 2019 que define como «año negro» para los precios de los productos del campo.

Lorenzo Ramos identifica la falta de precios «justos» como el principal problema de los productores españoles. Por ello, ha demandado al Gobierno que lleve a cabo una reforma de la ley de cadena alimentaria.

Este cambio legislativo busca establecer «mecanismos» para hacer frente a la «grave crisis de precios» existentes, con el fin de que se hagan públicas las sanciones impuestas a empresas por su posición de dominio, ausencia de contratos con productores y uso de ofertas reclamo.

REFORMA DE LA PAC

Otra de las cuestiones sobre las que ha llamado la atención el responsable de este sindicato agrario ha sido la necesidad de exista una reforma de la Política Agrícola Común (PAC) «justa» para los agricultores y ganaderos profesionales, en la que se favorezca las explotaciones familiares y haya un «presupuesto suficiente».

A este respecto, ve «peligroso» que países del norte propongan una rebaja de la aportación a la política común. También se refiere al «retraso» que tendrá la nueva PAC, pues debería estar en vigor en 2021, pero se prevé que no sea hasta 2023, por lo exige que «no haya ningún vacío» en las ayudas a percibir.

Así, propone que se fomente la incorporación de jóvenes y se mejore el actual modelo en el que «se está gastando mucho dinero en gente que no se dedica a la agricultura», pues remarca que el primer receptor de ayudas europeas en España «es una inmobiliaria».

En esta línea, tanto Ramos como el responsable de Unións Agrarias, Roberto García, demandan que se establezca un plan estratégico nacional para el reparto de fondos en el que se apueste por los agricultores activos.

En el caso gallego, Roberto García espera que la Xunta siga las recomendaciones del estudio encargado a la universidad, a la vez que requiere que la nueva PAC marque pautas como un techo por explotación de 60.000 euros para no favorecer a «grandes» empresas agrícolas.