La magistrada del Tribunal de Instancia de Cambados, plaza 4, concluye la instrucción de la ‘Operación Ceira’, en la que se investigó a 11 personas, con nexos en Portugal, por presuntamente dedicarse al tráfico de drogas y al contrabando de narcolanchas en la provincia de Pontevedra.

La jueza solicitó, en enero de 2024, dentro de Eurojust –la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal–, la creación de un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) con Portugal para llevar a cabo la investigación.

Así, según la magistrada, se practicaron diligencias que revelan indicios suficientes de la comisión de delitos por parte de varios investigados.

Ahora, el tribunal ordena seguir la tramitación de las diligencias por los trámites del procedimiento abreviado contra seis personas, por si los hechos investigados fueren constitutivos de un delito de contrabando de embarcaciones constitutivas de género prohibido, un delito de tráfico de drogas de las que no causan grave daño a la salud, un delito de defraudación de fluido eléctrico y dos delitos de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud.

En este sentido, establece que se dé traslado al Ministerio Fiscal y, en su caso, a las acusaciones particulares personadas, para que soliciten la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación, o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.

OPERACIÓN CEIRA

La operación tuvo su fase de explotación en octubre de 2024 en localidades de O Salnés, A Coruña y Portugal y se saldó con la detención de una veintena de personas y permitió desarticular una organización criminal asentada entre Galicia y el norte de Portugal, extendiendo su radio de actuación hasta Huelva.

Por aquel entonces, en el operativo realizaron 19 entradas y registros en los que intervinieron cuatro embarcaciones tipo EAV, las conocidas como narcolanchas, así como 150.000 euros en efectivo, tres vehículos caleteados, material informático y telefónico.

Los agentes localizaron una nave en Sanxenxo y otra en A Illa de Arousa, en las que realizarían las primeras fases de esta fabricación.

La investigación comenzó a finales de 2022 cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una organización criminal perfectamente estructurada, que se dedicaba a la construcción y puesta a punto de embarcaciones tipo EAV –consideradas como género prohibido–, las cuales serían empleadas para la introducción de grandes cantidades de sustancias estupefacientes en territorio nacional.

Durante la investigación frustraron la botadura de dos embarcaciones tipo EAV, la primera de ellas en septiembre del año 2023, cuando iba a ser botada al río Miño, en la freguesía de Lanhelas en la localidad portuguesa de Caminha, y la segunda el 1 de febrero de 2024, esta vez en la localidad de Moguer (Huelva).