La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) ha acogido la tercera reunión de la mesa de trabajo para la elaboración de un protocolo de seguridad para el personal del servicio de ayuda en el hogar (SAF por sus siglas en gallego).

Los representantes del Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (Issga), organismo de la Xunta, presentaron una «nueva versión revisada» de la propuesta de protocolo a partir de los trabajos de las anteriores reuniones y de las aportaciones, según explica la Fegamp en un comunicado de prensa.

La reunión contó con la participación de representaciones de la Inspección de Servicios Sociales de la Consellería de Política Social y del ISSGA, de la Delegación del Gobierno, además de las representaciones de las asociaciones empresariales del sector (Agesaf y Asade), de las organizaciones sindicales más representativas (CC.OO., CIG, CSIF y UGT) y el Colexio Oficial do Traballo Social de Galicia.

Por parte de la Fegamp participó una delegación encabezada por su presidente, Alberto Varela, acompañado por el vicepresidente primero y alcalde de Poio, Ángel Moldes; el vicepresidente segundo y alcalde de San Sadurniño, Secundino García, y la vicepresidenta ejecutiva y alcaldesa de Betanzos, María Barral.

Los trabajos de la reunión se desarrollaron en torno a este segundo borrador elaborado por el Issga, después de que todas las organizaciones e instituciones participantes argumentaran y contextualizaran sus aportacoines y los respectivos enfoques sobre la situación de la seguridad de las trabajadoras del SAF.

La Fegamp precisa que se debatió sobre el borrador del protocolo «avanzando sobre los contenidos relativos a sus objetivos, y sobre las obligaciones y las respectivas funciones en la prestación del SAF vinculadas con la prevención de riesgos laborales, considerando también los factores de riesgo relacionados con la actividad en el servicio».

Tras cuatro horas, los trabajos de la reunión terminaron con el tratamiento de los efectos de la violencia sobre la salud y las medidas de prevención necesarias.

NUEVA REUNIÓN EN FEBRERO

Al respecto, el presidente de la Fegamp destaca que «a pesar de la complejidad del asunto y de la realidad del SAF, en esta mesa se está trabajando de forma constructiva y plural, mostrando todas las partes participantes su compromiso y colaboración para alcanzar consensos en los contenidos del protocolo y para reclamar los cambios normativos que permitan al protocolo ser útil en sus funciones».

Los trabajos seguirán en una nueva reunión en la primera quincena de febrero. Los participantes se han comprometido, según indica la Fegamp, a seguir «repasando» los contenidos y aportando las «matizaciones precisas» para continuar hasta alcanzar el consenso necesario.

DEBATE EN EL PARLAMENTO

Minutos antes de que la Fegamp emitiese esta nota de prensa, el conselleiro de Emprego, José González, ha sido interpelado por este tema por la diputada del BNG Olalla Rodil.

«Tuvo que morir una mujer para que a la Xunta de Galicia le pareciese que había que ponerse manos a la a obra y trabajar en medidas de prevención de la violencia y protección de las trabajadoras», ha censurado la naconalista.

Por su parte, el conselleiro ha atribuido a la parlamentaria del Bloque acudir al pleno de la Cámara con este asunto para «hacer ruido» y ha valorado la labor del Issga. Así, ha esperado que, fruto de los trabajos de todos los participantes, el protocolo esté puesto en marcha «cuanto antes».

Además, ha subrayado que para que la aplicación del protocolo sea efectiva y para mantenerlo vivo y actualizado es «esencial» el compromiso de los prestadores del servicio, «es decir, de los ayuntamientos y de las entidades o empresas prestadoras del SAF».

Ha avanzado que el Issga realizará campañas de sensibilización, concienciación o asesoramiento técnico para garantizar el cumplimiento del documento que identifica aspectos como factores de riesgo en esta actividad y las medidas de prevención.

Por último, también ha destacado el apoyo autonómico a la prestación de este servicio de competencia municipal, que subirá progresivamente en un 50% hasta 2028 tras el acuerdo de legislatura alcanzado entre el Gobierno gallego y la Fegamp.