El IX informe sobre exclusión y desarrollo social en Galicia, presentado por la Fundación FOESSA junto a Cáritas, sitúa a las problemáticas vinculadas a la vivienda como las más extendidas en la exclusión social en Galicia, de forma que afecta al 26,1% de la población, es decir, uno de cada cuatro hogares.

«La vivienda es el cuello de botella de la integración social en Galicia y es ahora, más que nunca, un derecho ‘fake’ que debe convertirse en un pilar del bienestar», ha expuesto el coordinador técnico del informe, Thomas Udrich, que ha presentado los resultados este miércoles en compañía de representantes de las cinco Cáritas diocesanas.

Esto viene derivado de que el incremento de los precios de compra y alquiler se produce «a un ritmo superior al de las rentas familiares en un contexto marcado por «la oferta limitada y la especulación inmobiliaria». Por ejemplo, una vez descontados los gastos mensuales de vivienda, más de 78.000 hogares se quedan con ingresos por debajo del umbral de la pobreza severa –situado en 650 euros–.

Además, el informe coloca al 7% de los hogares (160.000 personas) en una situación de vivienda insegura en Galicia por problemas de legalidad, precariedad e inestabilidad de la tenencia y a un 6% (170.000) con dificultades de habitabilidad, insalubridad y hacinamiento.

«Sin una política de vivienda seria que tenga en cuenta a las familias y personas en situación o riesgo de exclusión, con políticas de vivienda social y alquileres sociales, la mejora económica nunca se va a traducir en integración social», ha valorado Udrich.

MENOS EXCLUSIÓN SOCIAL, PERO MÁS «FRÁGIL»

De esta modo, la vivienda, que «expulsa del territorio y de una vida digna», se une al empleo, que ha «perdido su capacidad para rescatarnos de esa expulsión», como factores determinantes de la exclusión: «Se trabaja más, sin que eso garantice la integración social a una parte de la población».

El diagnóstico general es que, entre 2018 y 2024, la exclusión social cayó en Galicia del 16,8% hasta un 12,7%, con unas 342.000 personas afectadas. Sin embargo, esta evolución se explica únicamente por el descenso en su forma moderada, ya que la exclusión severa apenas varía y sigue afectando al 6,8% de la población.

De esta forma, se da, según Udrich, un «doble desplazamiento»: «Una parte de quienes estaban en posiciones más favorables cae hacia formas de integración más frágiles, mientras que parte de quien antes vivía exclusión moderada mejora, aunque sin salir del todo de la vulnerabilidad y quedando en ese espacio de integración precaria».

En estos procesos también interviene la exclusión en materia de salud, que aumentó hasta afectar al 18% de la población gallega. El 29,8% de los ciudadanos valoran negativamente su salud física y el 18,%, su salud mental, por encima de la media estatal.

MITO DE LA «PASIVIDAD» DE PERSONAS EN EXCLUSIÓN SOCIAL

Udrich ha querido desmentir el mito de la «pasividad» de las personas en situación de exclusión o de pobreza: «Esa idea de que viven de prestaciones insociales sin buscar soluciones o emprender acciones para su inclusión es falsa, tal y como lo demuestra la evidencia».

En este sentido, el informe pone de relieve que tres de cada cuatro hogares en exclusión social severa activan estrategias de inclusión, como son la búsqueda de empleo, la formación y la activación de redes. «Pero chocan con barreras estructurales y se topan con dispositivos muchas veces fragmentados, con recursos escasos y muy poco personalizados», ha matizado.