Mercosur centralizó el pleno de la Diputación de Lugo de este martes, el primero presidido por la alcaldesa de Burela, Carmela López, y en el que se presentaron tres mociones relativas a este acuerdo comercial con los ecos de la reciente tractorada todavía presentes.

Cada partido presentó su propia moción con textos muy diferentes. Las de PSOE y PP tenían un trasfondo de acuerdo con el tratado aunque obligando a una continua revisión de la seguridad alimentaria, mientras el BNG reclamaba un rechazo al acuerdo comercial, del que asegura que provoca «graves repercusiones para la producción agroganadera gallega».

El vicepresidente de la Diputación, Efrén Castro (BNG), afirmó sobre PSOE y PP que van a las manifestaciones a «dar palmaditas en la espalda a los ganaderos mientras votan a favor del acuerdo en todas las instituciones en las que tienen representación, empezando por Bruselas, donde gobiernan». Esta no salió adelante, por el voto en contra del PSOE.

A través de la moción socialista, el Pleno acordó exigir a la Xunta y al Gobierno del Estado que defiendan los intereses de los ganaderos frente al acuerdo con Mercosur garantizando una aplicación «responsable» del pacto comercial, una medida que se aprobó con la abstención del PP y los votos en contra del BNG.

La presidenta de la Diputación de Lugo, Carmela López, valoró que el nuevo escenario que se abrirá para el sector ganadero «debe ser abordado con rigor, responsabilidad y firmeza política desde todas las instituciones, ante el impacto directo que tendrá en el sector primario».

Por su parte, el diputado Xosé María Arias argumentó que, aunque el volumen de importaciones cárnicas autorizado por el acuerdo representa un porcentaje reducido de la producción comunitaria, una aplicación desequilibrada y sin los controles necesarios puede tener efectos muy negativos en la renta de las explotaciones ganaderas. «Resulta muy importante activar mecanismos de salvaguarda efectivos, mejorar los controles y garantizar una reciprocidad real», dijo.

El texto de la moción recoge algunos de estos mecanismos de protección, como el refuerzo de los controles fronterizos y la garantía del cumplimiento de los estándares europeos; la activación ágil y efectiva de cláusulas de salvaguarda; la promoción de la diferenciación de la carne gallega; el establecimiento de medidas de apoyo al sector ganadero; el respaldo a una estrategia de autosuficiencia alimentaria; y la demanda de una PAC fuerte y reforzada.

El Partido Popular logró aprobar su propuesta en defensa del sector primario con el apoyo del PP, la abstención del PSOE y del diputado no adscrito y el voto en contra del BNG.

La propuesta insta al Estado, como interlocutor ante la Unión Europea, a reclamar más fondos para la PAC y a evitar la activación provisional del acuerdo sin garantías para el agro. Asimismo, exige el refuerzo de las cláusulas de salvaguarda y de los controles en frontera, para asegurar que los productos importados cumplan los mismos requisitos que los exigidos a los productores locales.

Su portavoz, Antonio Ameijide, ofreció consensuar una declaración institucional o alcanzar un acuerdo unánime, opción que fue rechazada por PSOE y BNG. Defendió que el objetivo es evitar que el tratado perjudique al sector agroganadero y reiteró que la negociación corresponde al Gobierno central.

El PP criticó al BNG por pactar con Vox en el Parlamento Europeo, lo que, según denunció, permite la activación provisional del acuerdo sin salvaguardas. También reprochó al PSOE su postura favorable al tratado y la falta de exigencia de garantías para los productores.

UN AUMENTO DEL SAF

El pleno ordinario aprobó también una propuesta del Gobierno provincial para reclamar a la Xunta que incremente los fondos del Servicio de Axuda no Fogar (SAF) hasta asumir su coste real, tal y como reclaman los ayuntamientos a través de la Federación Galega de Municipios y Provincias (Fegamp). La iniciativa salió adelante con los votos a favor del PSdeG y el BNG y con los votos en contra del PP.

Carmela López valoró que «los servicios sociales son un eje fundamental para nuestra provincia, pero todo el peso del mantenimiento de este servicio básico está recayendo en los gobiernos municipales».

El texto recoge también la petición de que el Ejecutivo autonómico atienda las demandas de los ayuntamientos sobre el impacto del SAF en las haciendas locales y presente un plan de choque para garantizar la prestación universal del servicio; la capacidad presupuestaria de los ayuntamientos, de modo que la cobertura del SAF no amenace con colapsar cualquier otra actividad o inversión; que la aportación de la Xunta sea, como mínimo, la reclamada por los ayuntamientos a través de la Fegamp; y que la Xunta renuncie a la política de imponer sanciones a los ayuntamientos por supuestas irregularidades en la prestación del servicio.

Además, el Pleno aprobó la ampliación del convenio con el Ayuntamiento de A Pontenova para garantizar la cobertura jurídica necesaria que permita finalizar las actuaciones pendientes y abrir la residencia de mayores, un servicio esencial para la comarca.

La renovación del convenio es imprescindible, ya que el anterior estaba próximo a expirar, y asegura la estabilidad administrativa del proyecto, facilitando la reanudación de las obras una vez concluidos los trámites legales.

La obra se encuentra paralizada por el incumplimiento contractual de la empresa adjudicataria. Según un informe técnico, está ejecutada en un 70%, con un 30% pendiente, y el plazo contractual finalizó el 15 de agosto de 2025. Los retrasos son imputables al contratista, por lo que la Administración puede así legalmente resolver el contrato. Esta acción contó con el respaldo unánime del pleno.

Por su parte, el BNG también logró la unanimidad para reclamar al Gobierno del Estado que negocie con la Comisión Europea la exclusión de la flota artesanal del ámbito de aplicación del Reglamento de Control de la Pesca. El diputado Daniel García, que defendió la moción, confía en que el Gobierno español demuestre un interés real en alcanzar un acuerdo y en dar voz en Bruselas a la pesca artesanal gallega y de A Mariña, y reclamó a la Xunta que ejerza y defienda sus competencias en materia de aguas interiores, desarrollando normas propias adaptadas a la realidad de la flota.

EL PP VUELVE A LLEVAR A PLENO LA RESIDENCIA DE MAYORES DE BECERREÁ SIN ÉXITO

Los diputados del Grupo Provincial Popular volvieron a presentar una moción en la que reclamaban la puesta en marcha de la residencia y centro de día de Becerreá «en las mismas condiciones que el resto», moción que fue aprobada tampoco en esta ocasión.

Los populares aseguran que en la Diputación de Lugo «nada ha cambiado» y acusaron al gobierno provincial, presidido por Carmela López, de seguir dirigido en la sombra por José Tomé.

El portavoz popular, Antonio Ameijide, afirmó que la nueva etapa es «más de lo mismo» y que el gobierno provincial continúa castigando a los vecinos de Becerreá y de la comarca por conflictos internos del PSOE.

Durante el debate, denunció «maniobras extrañas» desde la Diputación, aunque legales, al publicarse el 16 de diciembre una consulta preliminar de mercado para la concesión del Centro de Día y Residencial de Becerreá sin fijar una fecha real de licitación ni apertura.

El PP considera que PSOE y BNG buscan retrasar la puesta en marcha del centro y privatizar totalmente el servicio. Ameijide advirtió de que esta decisión obligaría a los usuarios a asumir costes excesivos.