El Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago ha abierto diligencias para investigar un supuesto delito de prevaricación administrativa después de que la Xunta prorrogase por 30 años la concesión de la empresa que explota la mina ‘San Juan’, en A Gudiña (Ourense).

Mediante un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, el Juzgado informó a la Federación Galega de Ecoloxistas en Acción –autora de la denuncia– de la apertura de diligencias previas en el marco de un procedimiento abreviado. Asimismo, ha requerido a las consellerías de Economía e Industria y de Medio Ambiente e Cambio Climático la emisión de informes sobre los hechos denunciados.

Consultada por Europa Press, la Consellería de Economía e Industria ha trasladado que el caso se trata de una cuestión «meramente administrativa» y que no hay «nada fuera de la legalidad», si bien no ha aclarado si ha enviado ya el informe a la Justicia.

En concreto, la entidad ecologista argumenta en la denuncia que, a finales del año pasado, la Xunta concedió una prórroga «ilegal» de 30 años para la concesión minera. Sin embargo, el Gobierno gallego sostiene que aprobó la continuidad del permiso porque no hacerlo –cuando el solicitante «cumplía todos los requisitos»– sería «contrario a la ley».

Además, la administración autonómica indica que «en España las concesiones mineras de explotación se otorgan por un período inicial de 30 años» que son prorrogables hasta un máximo de 90 «si se cumplen las condiciones». En cualquier caso, Ecoloxistas en Acción subraya que esta autorización debería haber sido «sometida a una nueva evaluación de impacto ambiental» antes de que el período de explotación fuese prorrogado.

PRESUNTA PREVARICACIÓN

La organización ecologista responsabiliza de estos hechos al director xeral de Planificación Energética y Minas de la Consellería de Economía e Industria, Pablo Fernández Vila, y al administrador de Eurobattery Minerals y de su filial ourensana Tungsten San Juan S.L, Roberto García Martínez.

Además de una supuesta prevaricación, la organización ecologista alega que la Xunta y la compañía minera incurrieron «en desobediencia y delitos contra el medio ambiente».

Todo ello porque, según la entidad, hay dos sentencias «firmes» del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y del Tribunal Supremo (TS) que establecen que «cualquier prórroga debería ser sometida a una nueva evaluación de impacto ambiental».

El Gobierno gallego, por otro lado, incide en que la empresa titular del derecho minero, en principio solicitó la concesión por diez años, pero posteriormente recurrió la petición. Así las cosas, la Consellería de Economía ha detallado que «tanto el TSXG como el TS desestimaron dicho recurso», pero no anularon la concesión otorgada por la comunidad autónoma.

«El Tribunal Supremo consideró que el plazo para una concesión de explotación minera no puede ser inferior a 30 años, razón por la cual la prórroga se concedió por este período», subraya el departamento autonómico.

En cualquier caso, la organización ecologista añade que el proyecto también debería haber sido sometido «obligatoriamente» a una evaluación de impactos transfronterizos porque la mina está a tan solo dos kilómetros de Portugal. Además, señala que este estudio «no se hizo» en 2014, con la tramitación inicial de la mina, «ni ahora».

PARALIZACIÓN CAUTELAR

Ecoloxistas en Acción ha avanzado que reclamará la paralización cautelar de los trabajos de explotación que la empresa sueca ‘Eurobattery Minerals’ ha iniciado en A Gudiña en los últimos meses. Ha incidido, así, que la mina tendría «impactos severos sobre el río Rabaçal», al que «tiene previsto verter aguas con altas concentraciones de metales pesados sin tratamiento».

La organización recuerda que el proyecto aprobado por la Xunta en 2015 y, ahora prorrogado, preveía explotar «unas 50.000 toneladas de material a cielo abierto durante 10 años, dando empleo a 11 trabajadores».

Sin embargo, ha recalcado que actualmente la empresa viene desarrollando en las últimas semanas una «intensa campaña de propaganda en la que promete crear 130 empleos», algo que, según Ecoloxistas en Acción, contradice el proyecto aprobado.