La Fiscalía, que tiene entre sus funciones la inspección de residencias, llegó a visitar hasta 143 en 2024, lo que supone una diferencia de 45 centros más que en 2023. Habitualmente, se trata de inspecciones jurídicas, en las que se revisa el régimen interno, pero los elementos a comprobar pueden variar si «las cosas se salen de lo normal».

Por ello, además de visitas planificadas de forma periódica, surgen otras «extraordinarias» por «cualquier motivo». «Puede ser una queja formal, que haya salido una noticia en prensa o que haya pedido una documentación y no me la hayan mandado», explica el fiscal delegado en Galicia para personas mayores y con discapacidad, Santiago Miguel Cruces, en una entrevista a Europa Press.

«Cuando las cosas se salen de lo normal, la Fiscalía intenta investigar qué ha pasado», continúa. En este cajón también pueden entrar un comentario de un funcionario que haya escuchado o, si se trata de una residencia gestionada por una comunidad religiosa –por ejemplo–, que haya tenido problemas «en algún lado».

Con todo, fuera de circunstancias extraordinarias, Cruces constata que «ordinariamente» se visitan residencias: «En principio tendría que ser una vez al año. Pero eso es imposible porque no llegamos». Entonces, ¿cuál es el criterio? «Si se instala una nueva residencia, ir a ver cómo está y establecer una comunicación con ella porque también nos aportan datos», ejemplifica.

Por defecto, son inspecciones jurídicas que se centran en el control del régimen interno. Esto se traduce en comprobar que los residentes puedan entrar y salir o que los familiares puedan acceder a la residencia y verificar los regímenes de comunicación y de contenciones –cualquier medio que les impida acceder a su cuerpo o moverse–.

«Yo no soy Chicote, por así decirlo, para controlar el nivel de la sal de la comida», explica. No obstante, si llegase una queja diciendo que la comida está caducada, sí que podría pasar por la cocina y abrir una nevera. «Pero, si tú ves que las cosas están limpias y ordenadas, no se abre la nevera», matiza.

CIERRE DE XINZO Y AMOEIRO

El ojo público se ha centrado sobre las residencias en el último tramo del año por los cierres de viviendas comunitarias en Xinzo de Limia y Amoeiro (Ourense). En este caso, la Fiscalía se encargó de incoar diligencias preprocesales, pero su inspección la realizó la Xunta.

De hecho, la Fiscalía solo inspecciona viviendas comunitarias «en el caso de que haya algo» debido a que están destinadas a personas sin discapacidad. Cruces constata, que él –que coordina la provincia de Pontevedra– y fiscales de otras provincias, solo recordaban 3 o 4.

De este modo, el fiscal desvincula que haya una «causa-efecto» entre los cierres de Xinzo y Amoeiro y un aumento de las inspecciones en el último trimestre del año, algo que ha sucedido, igual que otros años. «Tú haces un plan de visitas y luego te ves con que tienes un juicio el día que te querías presentar. A final de año siempre se hacen más visitas», explica.

QUEJAS: LA «MAYORÍA», POR PERSONAL «JUSTO»

El número de quejas recibidas es difícilmente cuantificable, ya que, según el fiscal, se reciben de «muy distintas formas» y se tramitan por diferentes procedimientos. Normalmente, son de familiares y la «mayoría» de ellas se traducen en que el personal «está muy justo».

«Se están cumpliendo las ratios sin más y, obviamente, el familiar considera que no ha tenido la atención suficiente», recoge. Otro número «significativo» de quejas viene por aporte de trabajadores que ponen de manifiesta «deficiencias» en el trato o la asistencia.

«Los fiscales siguen viviendo en sociedad. Los fiscales ven las noticias, leen el periódico y escuchan en el mercado. Siempre que nos enteramos, actuamos», relexiona.