La Asociación Animalista Libera ha mostrado su repulsa ante la mutilación sufrida por un cachorro el pasado viernes en Ourense, lo que constituye el último caso de maltrato animal y pide que los culpables «sean identificados cuanto antes».

El perro fue encontrado por una familia con profundos cortes en las orejas y tuvo que sufrir una mutilación de forma controlada por el veterinario de la protector local, con el fin de evitar la extensión de infecciones y daños mayores, según ha informado Libera en un comunicado.

La organización animalista ha señalado que el suceso es constitutivo de delito de maltrato animal y puede ser penado con hasta un año de prisión y 36 meses de inhabilitación para la tenencia, ejercicio de profesión o comercio con animales.

Además, ha indicado que la Xunta podría abrir también la vía administrativa, ya que las mutilaciones en animales están prohibidas en la Comunidad gallega por la Ley de Bienestar Animal y las sanciones podrían llegar a los 30.000 euros y una inhabilitación de hasta 10 años, más que el Código Penal.

Por su parte, Libera trasladará al Ayuntamiento de Ourense una propuesta de actuación para el «desarrollo de campañas intensivas de sensibilización y formación» a la ciudadanía y a las fuerzas de seguirdad.

GRANJAS PELETERAS

Por otra parte, el colectivo informa de que unas 40.000 personas se han sumado ya a una recogida de firmas para no adquirir prendas de piel animal y a la petición de transformar las granjas peleteras gallegas en «sectores no lesivos para los animales» como terrenos agrícolas.

La asociación ha señalado en un comunicado que las 31 granjas de pieles de visón americano que existen en Galicia suponen «el 80 por ciento» del total español.

En este sentido, ha indicado que alrededor de 200.000 visones son «masacrados» y «despellejados» cada año por estas instalaciones por lo que piden su clausura antes del 2022, siguiendo con la «tendencia generalizada del planeta».

Libera ha indicado que 17 países europeos ya han cerrado estas granjas y que, a pesar de que el Tribunal Supremo prohibió en 2016 la instalación de nuevos recintos, el Gobierno gallego «no modificó ni una coma de la legislación» por lo que la Comunidad se ha convertido en una suerte de «santuario» para estos lugares, según la organización.

La asociación ha recordado también la «amenaza a especies amenazadas» que suponen estas prácticas así como «el deterioro de espacios protegidos como el Parque Nacional Illas Atlánticas» y el «alto impacto ambiental» que provocan.