El pleno de Santiago de Compostela ha denegado por tercera vez el pago de 119 facturas municipales pendientes –entre las que se incluyen 26 pertenecientes a Viaqua–, con los votos en contra del PP y la abstención de las concejalas no adscritas, que han mantenido su sentido de voto respecto al mes de noviembre y a un pleno extraordinario.

Tampoco ha prosperado la subida de la tasa de la basura, cuestión a la que PP y PSOE han votado en contra y las no adscritas se han abstenido. En este caso, era la segunda vez que se votaba después de ir a pleno en el mes de septiembre, junto a la ordenanza de gestión de residuos, que no ha vuelto desde entonces.

Lo que sí se ha aprobado es el pago de otras 18 facturas de menor entidad, de las que 14 son de Endesa por valor de 108.000 euros en relación a servicios de suministración eléctrica. Ha salido adelante con los votos a favor de BNG, CA y PSOE y con la abstención de no adscritas y PP.

PAGO DE FACTURAS DE 1,3 MILLONES

En cuanto al expediente no aprobado, asciende a 1.358.975,85 euros y está conformado, en su mayoría, por facturas de menor entidad que corresponden a autónomos y pequeñas empresas. Por ejemplo, 38 de ellas, que pertenecen a gastos sin contrato, no superan los 1.000 euros.

Eso sí, sobresalen las 26 facturas de Viaqua –todas por más de 20.000–, cuyo importe suma un total de 992.395,30 euros, de las que el PP cuestiona su «legalidad» y para las que ha solicitado formalmente un informe preceptivo.

Este punto ha llevado a elevar el torno a la alcaldesa, Goretti Sannmartín, al concejal no adscrito Gonzalo Muíños y al portavoz del PP, Borja Verea, que –en los últimos dos casos– llegaron a intervenir fuera de sus turnos de palabra ante las discrepancias con el Gobierno local.

El principal punto de conflicto de esta sesión se ha originado sobre la posibilidad de separar las votaciones entre los pagos de pequeños proveedores de los de Viaqua. El PP ve «irregularidades» en estos últimos, mientras se muestra dispuesto a desbloquear el pago del resto.

El secretario municipal, en respuesta a una pregunta de Gonzalo Muíños, ha apuntado que sí es posible realizar una votación por separado, pero que esta debe responder a una «decisión del proponiente», como ha sucedido en otras ocasiones. A este respecto, la alcaldesa ha precisado que, para votarlas de forma separada, necesitaría elaborarse dos expedientes independientes.

Sanmartín no se cierra ante esta posibilidad, aunque afea que la petición de Muíños se produjera la semana pasada, durante un pleno extraordinario: «No hubo ninguna petición por parte del PP de traerlos separadamente, algo que se puede estudiar; pero que no se diga que no hubo tiempo aquí para revisar».

Esto es algo que ha molestado a Muíños y a Verea. El edil no adscrito defiende que, aunque él abrió la posibilidad de separar las votaciones para «tender un puente» con el PP, explicó que la popular Rosario Ferreiro ya había manifestado en el pleno de noviembre que, de esa forma, se «desbloquearían las facturas».

Las afirmaciones de Muíños han encontrado el apoyo de los populares, cuyo portavoz tildó las palabras de la alcaldesa de «falsas». Esta discusión se ha alargado hasta el debate del siguiente punto, que correspondía al otro expediente de facturas. «Nos preocupa todo, como a ustedes también les debía preocupar», ha replicado Sanmartín, que ve «extraño» que la oposición «no quieran pagar algunas cuestiones».

En este sentido, el PP ha solicitado formalmente un informe preceptivo sobre la «legalidad» de las facturas de Viaqua. «Si se solventan esas cuestiones, valoraremos el cambio de voto», ha avanzado Verea.

TASA DE LA BASURA

Por otra parte, los votos en contra del PP y PSOE por segunda vez la subida de la tasa de la basura, que ha recibido la abstención de las no adscritas y los votos a favor del bipartito.

Con la propuesta municipal, la tarifa básica seguiría siendo de 6,17 euros, con subidas en cuatro tramos –vinculados al valor catastral–, que van desde 0,80 euros mensuales a los 3,20 euros. César, que la ha defendido de nuevo, la vincula con el «‘tasazo’ de Sogama» y la normativa estatal.

«Nadie habla de que tenemos un modelo antiecológico, que agrava la crisis climática y la UE dice: ‘Ah, penalizado’. Lo digo porque el PP se olvida del modelo Sogama, que puede dar origen a sanciones», ha refrendado la alcaldesa.

Precisamente, Adrián Villa (PP), que relaciona la subida con el Ejecutivo central y la desvincula de la Xunta, ha arrancado su intervención refiriéndose a los miembros del Gobierno local como «inútiles» y los ha acusado de «no ser capaces de prestar ni garantizar un servicio de calidad» en relación a la recogida de basura.

Por su parte, Marta Abal (PSOE) ha condicionado su apoyo a la subida de la tasa al cumplimiento de la «totalidad del contrato», entre los que ha nombrado «incumplimientos continuis», como déficit de personal operativo y falta de vehículos, maquinaria y vehículos comprometido. «No podemos aplicar una subida de la tarifa cuando el servicio se está prestando con un mínimo de calidad», ha añadido.

La edila no adscrita Mila Castro ha cuestionado que no vuelva a votación la ordenanza de gestión de residuos, que sí se llevó al pleno de septiembre, y ha acusado al bipartito de estar «preocupado por el relato». «Parece que no preocupan la garantía de la prestación de servicios, solo la tasa», ha dirimido.