El concejal de Urbanismo, Rehabilitación y Vivienda, Francisco Dinís Díaz Gallego, ha cifrado en 747 las viviendas de uso turístico en la ciudad que no cumplen con la ordenanza municipal. Ha sido en un pleno en el que, por otra parte, ha apelado a una contención de precios en los alquileres con la declaración de la misma como mercado tensionado, en respuesta a las críticas desde el grupo municipal del PP.

En el debate de una moción del BNG sobre las viviendas turísticas, el edil ha cuantificado en 54 los expedientes abiertos por incumplimiento de la ordenanza aprobada este año para regularizar la situación de estos inmuebles, algunos ya con procedimientos judiciales.

«A Coruña es la única ciudad que ha frenado el precio de los alquileres en Galicia, no es una bajada significativa, pero sí un freno a la escalada», ha expuesto el concejal de Urbanismo, que ha rechazado una disminución de la oferta de alquiler. «Es muy superior al resto de ciudades de Galicia», ha recalcado.

Todo ello después de que el edil del PP Gonzalo Mora asegurase que hubo un «desplome» en la oferta de vivienda con la declaración de mercado tensionado. Así lo ha manifestado en un debate en el que la concejala del BNG Avia Veira ha reclamado que se impulse un estudio de cara a la declaración de algunos barrios como «saturados» en relación al número de viviendas de uso turístico.

«No se puede demonizar a los propietarios, creen que con esta ordenanza solucionan el grave problema de acceso a la vivienda», ha preguntado el edil del PP, que ha cifrado en «menos de 1.400» los pisos turísticos existentes.

Sobre este asunto, el concejal de Urbanismo ha aseverado que hay 747 registrados por la Xunta y que «siguen sin cumplir la ordenanza» y ha reprochado a la Administración gallega la inscripción en el registro «sin solicitar licencia municipal».

Respecto a la moción, que se aprobó con los votos socialistas y nacionalitas y que plantea un estudio por distritos sobre los pisos de uso turístico, ha apuntado que aún es pronto para determinar si hay barrios saturados en relación a estos pisos y ha emplazado a avanzar en el proceso de legalización, con 213 solicitudes en este momento. «Aún quedarían más de 400 que son legales y que no han pasado por el Ayuntamiento para legalizarse».

ESTACIÓN INTERMODAL

Por otra parte, en el pleno se ha aprobado una adenda al documento sobre la financiación de las zonas comunes de la estación intermodal. El portavoz del gobierno local, José Manuel Lage, ha recordado que es la segunda y que como la anterior no supondrá una modificación en cuanto a las partidas que destina el consistorio, «pero es necesario hacer los ajustes correspondientes a un convenio de 172.000 euros, la cantidad no varía se aprueba la liberación de unos 10.000 euros, cuantía que se compensa con las bajas de adjudicación».

«Se está avanzando por parte de todas las administraciones en la ejecución de estas obras, se sigue el calendario previsto por lo que a lo largo de 2026 podremos disfrutar de esta estación», ha sentenciado para recalcar la «colaboración» entre administraciones.

En cuanto a este punto, el concejal del PP Roberto Rodríguez ha aprovechado para plantear qué se sabe de la ampliación del Puente de A Pasaxe o del Vial 18. «Nada, ninguna tiene proyecto ni consignación», ha señalado para reclamar que el Gobierno central «salde sus deudas» con la ciudad en materia de infraestructuras. «Desde que Inés Rey es alcaldesa se desbloquearon asuntos relevantes», ha replicado Lage.

Por su parte, Avia Veira ha instado a tener una posición más exigente con Xunta y Estado para favorecer que los ciudadanos tengan «buenas frecuencias» para el acceso a la misma pero también en relación al cumplimiento de horarios por parte de los servicios ferroviarios.

En lo relativo a la estación de autobuses, propiedad del consistorio, ha pedido que se dé respuesta a las necesidades que tiene la ciudadanía, aludiendo a los posibles usos que se le pueden dar. «Y no dejar que pase el tiempo», ha advertido.

Ha sido en una sesión en la que se ha aprobado la modificación del plan municipal de defensa contra los incendios forestales, de carácter obligatorio en la comunidad autónoma.