Ecoloxistas en Acción ha presentado denuncia contra altos cargos de la Xunta y contra el administrador de la empresa sueca Eurobattery Minerals por lo que considera una prórroga «ilegal» de 30 años para la concesión minera San Juan, en el municipio ourensano de A Gudiña.

En un comunicado, informa de que esta denuncia penal se presenta contra el director xeral de Planificación Enerxética e Minas, Pablo Fernández Vila, y la directora xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade, María José Echevarría, así como contra el administrador de Eurobattery Minerals y su filial ourensana Tungsten San Juan SL, Roberto García Martínez, por supuestos delitos contra el medio ambiente, prevaricación y desobediencia.

La organización ecologista expone que «pesan sobre este proyecto minero dos sentencias firmes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y del Tribunal Supremo estableciendo que cualquier prórroga tenía que ser sometida a una nueva evaluación de impacto ambiental». «Además, estando la mina propuesta a tan solo dos kilómetros de la frontera portuguesa, el proyecto debía haberse sometido obligatoriamente a una evaluación de impactos transfronterizos», sostiene.

Alerta de impactos «severos» con este proyecto sobre el río Rabaçal por el vertido de aguas de altas concentraciones de metales pesados «sin ningún tipo de tratamiento», una mina situada aguas arriba de la frontera y del parque natural de Montesinho, espacio Red Natura.

Apunta que también el Movimento Uivo ha denunciado este proyecto ante las autoridades lusas. Más allá de estas actuaciones judiciales en Galicia, explica que colectivos portugueses se han dirigido a Europa para la paralización de las actividades de la empresa.

«El proyecto aprobado por la Xunta en 2015 preveía explotar unas 50.000 toneladas de material en cinco cortas a cielo abierto durante 10 años empleando 11 trabajadores. El mineral sería enviado a la mina de Sano Finx, en Lousame, para su concentración allá. No obstante, el proyecto no se llegó a ejecutar y la declaración de impacto ambiental caducó a los 4 años», asegura Ecoloxistas en Acción.

«La empresa, nominalmente sueca, que inició en las últimas semanas grandes movimientos de tierra, ya tiene antecedentes de malas prácticas en territorio gallego. En 2020 intentó abrir una mina a cielo abierto de níquel entre Santa Comba y Coristanco, siendo expedientada por realizar sondeos ilegales sin contar con ningún tipo de autorización. A pesar de que la concesión minera en la que actuaba fue declarada caducada, Eurobattery en ningún momento comunicó este hecho a sus accionistas», recrimina la organización ecologista.

Ahora, advierte de la intención de que se presente el proyecto de A Gudiña a la convocatoria de la Comisión Europea de proyectos estratégicos europeos que cierra en enero de 2026 con el fin de acelerar plazos y autorizaciones, «pasando por encima de la legislación en materia de aguas y espacios protegidos».