El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha remitido una carta a la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, para instarla a que «solucione las discrepancias» entre ministerios «y que están poniendo en riesgo» el programa de auxiliares de conversación.
En este contexto, la Xunta ha recordado en una nota de prensa que el Ministerio de Trabajo está cuestionando las condiciones establecidas por el Ministerio de Educación para las personas que participan en este programa, «exigiéndoles un contrato laboral en el régimen de la Seguridad Social, cuando estos auxiliares están definidos como personas que participan en un intercambio cultural».
Así, Rodríguez ha calificado de «incomprensible» lo que está ocurriendo con este programa y ha lamentado que el Ministerio de Educación «no esté defendiendo una iniciativa que tan buenos resultados ha ofrecido en los últimos años».
«Las comunidades autónomas que seguimos las directrices de tu Ministerio nos encontramos ahora indefensas ante el cuestionamiento que el Ministerio de Trabajo está realizando de esta iniciativa», ha reclamado en la misiva.
En este sentido, el conselleiro ha insistido en que desde Galicia «siempre se trabajó en el marco fijado por el Gobierno central» en una iniciativa que, tal y como ha defendido, «lleva funcionando 15 años con éxito.
De este modo, ha definido esta situación como un «conflicto innecesario que perjudica al alumnado y al aprendizaje de idiomas, una situación muy difícil de explicar más allá de la incoherencia política».
«UN MINISTERIO QUIERE ANULAR UN PROGRAMA DE OTRO»
Con todo, el Gobierno gallego ha recordado que el programa de auxiliares de conversación está diseñado por el Ministerio de Educación y estas personas no tienen la condición de trabajadores del Régimen General de la Seguridad Social, que ahora exige la Inspección de Trabajo.
No obstante, ha hecho hincapié en que estas personas «cuentan con todas las coberturas, con un seguro médico, así como con un ingreso en concepto de ayuda para gastos de alojamiento y manutención que sufraga la propia Xunta».
De hecho, ha defendido que es el Gobierno gallego el que se hace cargo de «la mayor parte del coste del programa» –4,8 millones de euros de los 5,2 totales–. «En definitiva, un Ministerio cuestiona y quiere anular un programa de otro Ministerio», ha concluido.
Por otro lado, el conselleiro ha compartido su sorpresa en la carta por el hecho de que el orden del día de la Comisión General de Educación que se celebra este miércoles no incluya ningún punto relativo al Anteproyecto de ley con el que el Gobierno central pretende modificar las ratios máximas en las aulas, entre otros aspectos, «sin ningún diálogo previo con las comunidades autónomas».
«Como bien sabes, prácticamente todos los aspectos contemplados en este texto corresponden a competencias y desarrollos autonómicos y, hasta donde sabemos, el texto carece de memoria económica», ha lamentado el conselleiro.

