El juzgado de lo Penal 2 de Vigo acogerá este jueves una vista contra tres responsables (jefe de equipo, jefe de buque y responsable de seguridad y salud) del astillero vigués Cardama, por un accidente ocurrido en sus instalaciones en noviembre de 2022, que costó la vida a un trabajador de una empresa auxiliar.

Los hechos ocurrieron en la mañana del 24 de noviembre de ese año, cuando se estaba realizando el transporte de una pieza de siete toneladas para llevarla al interior del astillero en un camión. Uno de los acusados, el jefe de equipo, era el encargado de organizar ese transporte y fue quien cortó el trafico, con ayuda de otro trabajador, para permitir que el camión maniobrase y entrase en las instalaciones.

En la puerta por donde iba a entrar ese camión con la pieza (colocada de forma vertical y con riesgo de vuelco, según el escrito de la Fiscalía), se encontraba la víctima, empleado de una auxiliar de 42 años de edad. Además, en el suelo, había un cable de acero que se había utilizado el día anterior para una operación de varada y que no había sido retirado.

Al pasar por encima del cable, el camión se bamboleó y la pieza perdió estabilidad, cayendo por un lateral y aplastando al trabajador, que falleció en el acto.

En su escrito de acusación, el ministerio público expone que no se delimitó la zona por la que iba a maniobrar el camión, que no se despejó de gente y que el encargado de organizar el transporte no cumplió con las medidas de seguridad pertinentes. «De haber cumplido su obligación, el accidente no se hubiera producido, ya que nadie tenía que estar en el radio de acción del camión», señala la Fiscalía.

Con respecto al responsable de seguridad y salud, señala que no informó de la presencia del cable y que tampoco adoptó medidas preventivas, al igual que el jefe de buque, que «no comunicó los riesgos» ni tomó medidas preventivas, y que ordenó al transporte de la pieza al jefe de equipo a pesar de conocer la existencia del cable.

Por todo ello, considera que estos tres responsables son autores de un delito contra los derechos de los trabajadores, en concurso con un delito de homicidio por imprudencia grave, y pide para cada uno de ellos 3 años de prisión e inhabilitación. También pide que se indemnice a los familiares del fallecido en un total de 606.220,16 euros.