La activista gallega Sandra Garrido ha registrado una solicitud en la Audiencia Nacional para personarse en las posibles diligencias que se abran contra el Estado de Israel por los ataques a la Flotilla Global Sumud (GSF), en la que ella participó junto a un total de 450 personas.

Según recoge un comunicado de la asociación Galiza por Palestina, en su escrito –presentado el 19 de noviembre–, Garrido declara ser víctima de detención ilegal, robo, secuestro y torturas, así como testimonio de otros ataques ejercidos.

Entre ellos, incluye agresiones en el puerto de Túnez (9 y 10 de septiembre), ataques con drones en las costas de Creta (24 de septiembre) y el asalto y secuestro de la GSF (1 y 2 de octubre), que cualifica como «vulneración del Derecho del Mar».

Denuncia también malos tratos posteriores; ausencia de información sobre el motivo de su detención; falta de garantías legales al no contar con representación legal ni interpreté, y la no comunicación del paradero de las personas retenidas.

Estos son aspectos que ya criticó en su vuelta a España el 8 de octubre. Garrido regresó junto a otros 27 activistas españoles tras pasar tres días en una prisión israelí. Previamente, militares habían interceptado embarcaciones de la Flotilla que viajaba a la Franja de Gaza para tratar de romper el bloqueo humanitario.

A través del documento presentado, Garrido recuerda que existen procedimientos internacionales abiertos contra el Estado de Israel en la Corte Internacional de Justicia y en la Corte Penal Internacional (CPI) y que España, como Estado parte del Estatuto de Roma, «debe cooperar» con la CPI.

Por estos motivos, la activista, a través de la Fundación Terrum Social –de la que es integrante– y con el apoyo de Galiza por Palestina y Movemento Global para Gaza – Galiza, solicita la admisión a trámite de las denuncias.