El consejero de Medio Ambiente, Roberto Media, ha asegurado que la adaptación del litoral a los efectos futuros del cambio climático exigirá «grandes inversiones y numerosos estudios especializados», que permitan combinar el desarrollo de la actividad económica en la franja costera con la preservación de todos sus ecosistemas naturales.

Conjugar los usos turísticos, portuarios, pesqueros y urbanísticos con los efectos del cambio climático en las zonas costeras «va a requerir tomar algunas decisiones urbanísticas que pueden modificar el paisaje y, desde luego, inversiones millonarias para proteger las infraestructuras ya existentes como puertos, depuradoras, carreteras, paseos marítimos, playas o incluso viviendas», ha asegurado.

En este sentido, Media ha recordado que la franja litoral es la zona más densamente poblada de Cantabria y, junto con el área metropolitana de Santander, aglutina al 87,4% de los habitantes de la Comunidad. En ella se concentra gran cantidad de la actividad socioeconómica de la región a través de su red de puertos autonómicos o el turismo, «cada vez más importante en los ayuntamientos costeros».

Así lo ha destacado el consejero durante su intervención en la I Cumbre Nacional del Litoral, que este jueves se ha celebrado en el municipio gallego de Baiona, y en la que ha participado en la mesa redonda ‘Visión Atlántico-Cantábrica del litoral’ junto a sus homólogos en esta materia de las comunidades de Galicia, Asturias, País Vasco y Canarias.

Un encuentro en el que Media ha compartido junto al resto de participantes experiencias sobre la gestión y ordenación del litoral y en el que se ha referido a «su complicada gobernanza», en la que se entrelazan diferentes actividades, múltiples entidades con distintas competencias y un gran número de usuarios con una creciente concienciación del valor de la costa. «Todo ello supone un reto para la implementación de medidas integrales y consensuadas», ha asegurado.

Según ha informado el Gobierno en un comunicado, Media ha explicado las líneas de trabajo de su departamento, entre ellas, en el logro de un desarrollo económico que permita asegurar el mantenimiento de las pequeñas industrias y comercios, así como de las explotaciones ganaderas que actualmente se encuentran en la franja costera e incluso con concesiones en vigor.

«Este desarrollo económico debe ir ligado a un desarrollo turístico sostenible, donde esta creciente demanda de los usos costeros vaya estrechamente ligada a la preservación de los espacios naturales», ha defendido Media, que ha destacado que la participación de las comunidades locales en esta tarea «es crucial» para identificar sus necesidades y desarrollar soluciones adaptadas a cada contexto.

Al respecto ha recordado que el Ejecutivo autonómico solicitó el pasado mes de junio al Gobierno central la transferencia de las competencias en materia de ordenación y gestión del litoral, como hoy en día cuentan otras comunidades como Galicia o País Vasco.

«Este nuevo marco de transferencias nos abre una nueva oportunidad de gestión que permitirá agilizar trámites y, respetando la legalidad, brindar seguridad jurídica a todos los pequeños negocios y usos ganaderos que se están asentando en la costa», ha asegurado, al tiempo que ha destacado la mejora que supondrá en la coordinación entre administraciones y usuarios.

El consejero ha explicado que con estas competencias el Gobierno cántabro se encargaría de la gestión de las actividades en playas, zonas de servidumbre de tránsito y acceso al mar y la tramitación de sanciones, mientras que el Estado conservaría la fijación de los cánones o el rescate de concesiones.

Además, ha añadido que su departamento continúa trabajando en actuaciones «estratégicas» para garantizar una gestión integrada del litoral. En este sentido, ha hecho mención al nuevo Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT), «que iniciará en breve su fase de tramitación», o a los estudios y trabajos para reducir los efectos del cambio climático. Dos medidas que «están relacionadas» ya que el planeamiento debe incluir estrategias de adaptación y mitigación.

Como ejemplo, ha recordado que Cantabria cuenta con el estudio de adaptación de los puertos autonómicos que define el nivel de vulnerabilidad de cada uno de ellos, así como las actuaciones necesarias para mitigar estos efectos.

Especial mención ha hecho a la Bahía de Santander, un área que afecta a unos 400.000 cántabros, es decir, el 65% de la población de la comunidad, y se ha referido a la Mesa de la Bahía, una entidad que aglutina a los principales actores con competencias o intereses en este espacio y que está dirigida por un equipo multidisciplinar de expertos.

El consejero ha explicado que una vez realizado el diagnóstico y detectado los principales problemas en la gestión de la bahía, se han comenzado a implementar las primeras medidas en las que cada administración se ha comprometido a ir realizando las que son de su competencia y a informar al resto de cada actuación.

Unos trabajos que, según Media, se unen a las inversiones autonómicas en la recuperación ambiental de distintos espacios como la cantera de Cuchía o La Pozona de Miengo, planes integrales de eliminación de especies invasoras, el fomento de la educación ambiental y el voluntariado, así como inversiones en la recuperación de arenales como el anunciado para la plaza de Santoña.

CONSENSO, RECURSOS ECONÓMICOS Y SEGURIDAD JURÍDICA

Por último, Media ha expresado que los retos a los que se enfrentan las comunidades costeras requieren de una respuesta consensuada, numerosos recursos económicos y una legislación que aporte seguridad jurídica.

En este sentido se ha referido al trabajo que en materia legislativa ha realizado y está actualmente realizando Cantabria en este asunto. Como ejemplo, ha recordado la aprobación en el año 2004 del Plan de Ordenación del Litoral, que continúa vigente y cuyo principal objetivo es asegurar una protección efectiva e integral para el área costera de la Comunidad; la Ley de Paisajes, que protege la identidad de estos entornos; o la ley de Simplificación Administrativa, aprobada en esta legislatura para reducir plazos y facilitar a los usuarios las gestiones con la Administración.