En Galicia hay un total de 106 fosas comunes localizadas por investigadores que, medio siglo después de la muerte del dictador Francisco Franco –el 20 de noviembre de 1975–, se dedican a la búsqueda e identificación de víctimas del régimen.

Además, el grupo de expertos de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) involucrado en este trabajo también es el responsable de avanzar en un censo estatal de víctimas en la Comunidad autónoma.

Concretamente, estos dos proyectos están encabezados por la Facultade de Historia de la USC. La primera de las iniciativas busca identificar los restos mortales de los represaliados, mientras que la otra pretende avanzar en un censo estatal de las víctimas.

Así lo ha explicado, en una entrevista concedida a Europa Press, el decano de esta facultad, Antonio Míguez Macho. El doctor y profesor de Historia Contemporánea ha afirmado que la primera de las investigaciones es el «plan de exhumaciones de fosas comunes en la Comunidad gallega» o, según la coordinación del grupo, el «Plan de Memoria Democrática».

Este programa cumplió su primera etapa entre 2021 y 2024 y, hace poco más de un mes, los investigadores han arrancado el siguiente cuatrienio (2025-2028) de acciones sobre el régimen en Galicia.

Impulsado por el Gobierno central, este proyecto se enmarca en un convenio firmado a finales de agosto entre la Xunta y la Universidad compostelana en el que se definen los objetivos para (todavía en este ejercicio 2025) buscar, exhumar y/o dignificar a las víctimas en ocho localidades gallegas.

Concretamente, el calendario del convenio prevé distintas acciones –algunas ya concretadas– en Luou (A Coruña); Asados, en Rianxo (A Coruña); Narón (A Coruña); Viana do Bolo (Ourense); A Capela (A Coruña); San Pedro de Filgueira, en Crecente (Pontevedra); Lousame, en Noia (A Coruña); y las riberas del río Sor, en Mañón (A Coruña).

Aparte de los procedimientos previstos para estos sepulcros, una segunda etapa de este primer plan establece la divulgación de lo que se ha alcanzado. El convenio también incluye la «dignificación de los lugares de enterramiento y promoción de los lugares de memoria».

En Galicia, tanto el trabajo de exhumación como la elaboración de un censo estatal de las víctimas están bajo la custodia del Histagra (Historia Agraria e Política do Mundo Rural, de la Facultade de Historia de la USC).

CENSO ESTATAL DE LAS VÍCTIMAS

«La otra gran línea que también arrancamos este año es un encargo que recibimos de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que es la elaboración del Censo Estatal de Víctimas del Franquismo», ha subrayado el decano de Historia.

Concretamente, ya existe en la Comunidad gallega un proyecto de censo llamado ‘Nomes e Voces’, que hizo más de 500 entrevistas para identificar a «todas» las víctimas entre 1936 y 1939. Por lo tanto, el siguiente paso en desarrollo es avanzar para los años posteriores.

En cualquier caso, ambos planes (excavaciones y censo estatal) están relacionados con la Ley de Memoria Democrática, en vigor desde 2022, y que prevé en sus líneas llevar a cabo actividades para «cerrar una deuda de la democracia española con su pasado».

No obstante, la realidad décadas antes no era esa. Por ello, en Galicia hay situados al menos 106 sepulcros, según se recoge en el sistema ‘Mapa de Fosas’ del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

Estas se reparten en 33 sepulturas en A Coruña; 26 en Lugo; 20 en Ourense; y 27 en Pontevedra. En España, el número total de sepulturas es de aproximadamente 6.000.

«VIOLENCIA SIN PARANGÓN»

Para el decano de la USC, en 1936 y durante los años siguientes, la violencia de los crímenes en Galicia «no tuvo parangón». «Un fenómeno extraordinario debido al volumen de brutalidad en un territorio que, desde el primer momento, cayó en las manos de los golpistas», ha resaltado.

Además de las víctimas asesinadas, los historiadores apuntan diferentes tipos de persecución a la población y señalan «una gran capilaridad» de la virulencia que alcanzó «prácticamente todo el territorio gallego». Son hechos que, tal y como opina el decano, todavía «interpelan» a la sociedad de Galicia en el presente.

Otra cuestión recordada es la ausencia de un «tratamiento judicial e institucional consistente». «Hubo muchos fallos, muchos errores (…) Lo cierto es que hay una cuestión que es la propia responsabilidad de los crímenes», ha destacado.

Por ello, Míguez Macho ha insistido en que iniciativas como el esfuerzo actual son «fundamentales» porque es «muy difícil entender la sociedad» si todavía existe una «incapacidad de comprender un fenómeno tan traumático» como lo vivido a partir de 1936.

INVESTIGAR Y EXCAVAR

El 14 de agosto de 1936, Manuel Piñeiro Abeijón, vecino de Boiro, natural de Belles de Abaixo, fue asesinado durante un «paseo» –un eufemismo para las ejecuciones–.

Así lo cuenta Lucía Santiago, responsable de las investigaciones históricas de Histagra, que avanza con las excavaciones en el territorio gallego dentro del plan cuatrienal.

Tal y como ha relatado la historiadora, el cuerpo ya sin vida de Piñeiro Abeijon fue abandonado en la carretera principal de Asados, en Rianxo. Casi un mes después, el 12 de septiembre de aquel mismo año, otro «paseo» se cobró la vida de Francisco López Pérez, de Taragoña.

El cuerpo de este vecino, así como el cadáver de Piñeiro Abeijón, también fue abandonado en la misma carretera. Esto, sin embargo, es lo que registra la historia oral recabada por la investigadora de Histagra.

Por otra parte, el trabajo de localizar los restos mortales de estas y demás víctimas, reclamados al grupo de investigadores por sus familiares, se hace más difícil por no existir una ubicación precisa de los sepulcros.

En concreto, a estas dos víctimas las estuvo buscando el equipo que se desplazó a Rianxo a finales de agosto. A través de los relatos, concluyeron que los restos de estos vecinos podrían estar inhumados en una fosa común en el terreno de la iglesia de Asados.

A pesar del esfuerzo, el equipo no ha logrado localizar los cuerpos. «Por parte del franquismo, tuvieron mucho mérito en no dejar casi ningún registro», ha lamentado Santiago.

LA VIOLENCIA «INSTITUCIONALIZADA»

La paradoja es que la institucionalización de la violencia a partir de 1936 acaba por permitir que se localicen fosas con más precisión. Es lo que pasa en el cementerio de la iglesia de Luou, en el municipio coruñés de Teo, otro sitio donde Histagra busca a víctimas.

La investigación apunta a que se podrían encontrar allí restos mortales de miembros de la resistencia antifranquista. En concreto: Ricardo Fernández Carlés; Florentino Menéndez Palacios; Manuel Agrasar Cajaraville, el ‘Barbarroxa’; y Vicente López Novo, conocido como ‘El Hijo de la Nova’.

Al tratarse de hechos más recientes, de 1948, Santiago ha explicado que esta «estructura institucional» permitió a los expertos acceder a documentos más precisos sobre las supuestas localizaciones.

«Hay mucha documentación escrita (…) Incluso, tuvimos acceso a una causa militar que describe el lugar del enterramiento», ha precisado la investigadora.

A partir de los archivos, lo que el grupo hace es cruzar la información recogida para intentar determinar la ubicación exacta de la fosa. De cualquier modo, hasta la fecha de publicación de este reportaje aún no se habían localizado los restos de los cuatro miembros de la resistencia antifranquista en Luou.