La Comisión Europea está al tanto de los fallos en las pulseras telemáticas para la protección de las víctimas de violencia de género en España y examinará la situación ya que de la buena ejecución del proyecto dependen parte de los fondos de recuperación anticrisis de la Unión Europea que España podrá solicitar cuando reclame el octavo pago previsto en su plan nacional, aunque no hay fecha para ello ya que el Gobierno prepara aún la solicitud del sexto.

Así lo ha indicado el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, en respuesta escrita a una pregunta parlamentaria del líder de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, en la que el eurodiputado denuncia ante Bruselas el presunto «mal uso» de fondos NextGeneration para financiar el contrato de 35 millones de euros con Vodafone-Securitas para la gestión de las pulseras telemáticas.

En este contexto, y ante la pregunta de Buxadé de si el Ejecutivo comunitario tomará medidas, Dombrovskis aclara que «no se ha procedido aún a evaluar» el objetivo concreto del plan de recuperación español vinculado a este proyecto, porque España no ha presentado por el momento la solicitud de pago correspondiente.

Con todo, confirma en su escrito que las pulseras antimaltrato fueron incluidas como hito 472 bajo el marco de «inversiones en servicios telefónicos y en línea para proteger a las víctimas de violencia contra las mujeres» y por tanto «será evaluado por la Comisión en el contexto de la octava solicitud de pago.

Según recuerda Dombrovskis, el fondo de recuperación y resiliencia «es un instrumento basado en los resultados», lo que implica que los pagos sólo se abonan «tras la evaluación afirmativa del cumplimiento» de los requisitos correspondientes a los hitos y objetivos.

Así las cosas, añade en la respuesta parlamentaria, los Estados miembro son responsables de la ejecución de sus planes de recuperación y resiliencia, incluida la adjudicación y la gestión de los contratos financiados en el marco del fondo. «Esta responsabilidad incluye garantizar que todos los procedimientos de contratación, incluida la pública, cumplan plenamente la legislación nacional y el Derecho de la Unión aplicables», concluye el comisario económico.

IGUALDAD NO HA RECIBIDO NOTIFICACIÓN

Por su parte, fuentes del Ministerio de Igualdad han asegurado a Europa Press que el departamento que dirige Ana Redondo no ha recibido «ninguna notificación o petición de informe» relativa al posible inicio de actuaciones de inspección por parte de la Fiscalía Europea en relación con el contrato de los dispositivos telemáticos.

En todo caso, las mismas fuentes han expuesto que el Ministerio se pone a disposición de las instituciones competentes para la aportación de la documentación que sea requerida.

También han precisado que el contrato en vigor se encuentra en estos momentos en ejecución. Su importe de adjudicación asciende a 42.623.938 euros de los cuales 6.403.542 euros se financian a través de los Fondos del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia y contribuye al cumplimiento del Hito CID 472, con fecha límite de ejecución el 31 de diciembre de 2025, y está vinculado al 8º desembolso de los fondos europeos.

Si bien, añaden que, hasta el momento, el cumplimiento del hito no se ha certificado y, por tanto, no ha formalizado parte de ningún desembolso de fondos en favor de España.

Además, apuntan que, tanto en la adjudicación de este contrato, como en el anterior, que también fue financiado parcialmente por los fondos del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, se han observado los requisitos y trámites legales aplicables, tanto desde el punto de vista de la legislación nacional, como de la legislación especifica en materia de gestión de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.