La directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles V. Suárez, ha defendido la Consellería do Mar va «de la mano» del sector para mejorar la producción marisquera, por lo que las medidas que se aplican son fruto del «consenso» en «un modelo de cogobernanza».
Así, Suárez ha comparecido a petición propia en la Comisión de Pesca, en la que también ha contestado a diferentes preguntas de la oposición, en donde ha achacado la caída de producción de 2024 a una situación «anómala» por fuertes lluvias y altas temperaturas del agua.
Defiende que hay «evolución cíclica» en la producción, con picos de máximos y mínimos como dientes de sierra. Apunta a que se vivieron máximos entre 2017 y 2019, pero se volvió a mínimos en 2024. Por ello, no cree que se pueda «hablar de 16 años» de caída continuada a la que apunta la oposición.
Remarca que «se pusieron en marcha medidas técnicas y de investigación para evaluar la situación, realizando el seguimiento de todos los bancos marisqueros por parte de los técnicos de las entidades asociativas del sector y del departamento autonómico, con el fin de analizar la mortalidad de las poblaciones de moluscos bivalvos y documentarla en los datos e informes de seguimiento elaborados». Desde 2024, la Consellería do Mar ha puesto a disposición del sector más de 14 millones de euros para la regeneración, restauración y vigilancia de los bancos marisqueros.
Advierte de que hay «muchos» factores que «motivas las oscilaciones» en la producción, al tiempo que valora las medidas tomadas por la Xunta.
Suárez recuerda que hay una hoja de ruta conjunta que dio lugar al plan de competitividad del marisqueo de Galicia 2024-2025, con el que se están movilizando 123 millones de euros.
Al respecto, Rosana Pérez (BNG) advierte de que la Xunta va «muy tarde» en medidas ante la crisis en el sector, con «pocos recursos» para investigación y «falta de coordinación».
En esta línea, Paloma Castro denuncia una mortalidad del libre marisquero superior al 80%, con una producción en mínimos y «miles de profesionales que llevan meses sin poder trabajar con normalidad». «Mientras, la Xunta se limita a anunciar planes de estudios y promesas de regeneración que al final nunca llegan a aplicarse con eficacia», lamenta.
INVESTIGACIÓN
Por otra parte, la directora xeral ha informado de que los presupuestos del próximo año destinan más de 3,8 millones de euros a la gestión e investigación en los centros de investigación marina y a proyectos en el marco de Redemar, casi medio millón más que en 2025.
Esta red, creada entre el sector pesquero y los organismos científicos de la comunidad, ejecuta actualmente 21 proyectos de investigación por valor de más de 4,8 millones de euros, centrados en cuestiones como la restauración de bancos naturales, la mejora de la producción y supervivencia de moluscos bivalvos, la modernización y la profesionalización del sector.
Mientras, el Centro de Investigacións Mariñas (CIMA) cuenta con un presupuesto de 1,2 millones para proyectos como el cultivo del salmonete de roca, el desprendimiento del mejillón en batea, la mejora del cultivo de larvas de invertebrados marinos en criaderos, la depuración de toxinas en moluscos bivalvos, la detección de patologías en el berberecho o la monitorización de la costa gallega.
ESPECIES INVASORAS
En otro orden de cosas, Paloma Castro ha alertado de un aumento de presencia en las rías de especies invasoras, tales como el cangrejo azul, invertebrados o algas. Advierte de que un retraso en la respuesta acarrea daños «irreversible», y pone como ejemplo la «proliferación» en la ría de Pontevedra que conlleva una pérdida de un tercio del marisqueo.
En respuesta, Ángeles V. Suárez ha expuesto que las competencias en materia de conservación de la biodiversidad marina corresponden principalmente a la Administración General del Estado, por lo que la comunidad solo se encarga de «un tipo muy reducido» y «no incluyen la gran mayoría de bancos marisqueros en Galicia». No obstante, sostiene que la Administración autonómica impulsa medidas de gestión de especies exóticas invasoras necesarias para proteger y conservar los recursos marisqueros, tanto en la ría de Pontevedra como en el resto del litoral.

