El informe de la Valedora do Pobo correspondiente al ejercicio de 2024 revela una actuación de la institución en la que instó a la Dirección General de Tráfico (DGT) a admitir trámites telemáticos en gallego. La petición, rechazada por Tráfico, se efectuó en el marco de una actuación que motivó una queja a la institución a raíz de una reclamación ‘online’ en lengua gallega que no llegó a buen puerto.
En concreto, la DGT, tras recibir una queja en gallego mediante el Registro Telemático del Ministerio del Interior, solicitó a la persona implicada que reenviara la información en castellano. Una petición que, según la institución, permite «evitar posibles errores de interpretación y agilizar los trámites».
Ante esta situación y el posterior recurso ante la institución de la persona afectada, la valedora instó a la institución a modificar dicho sistema y admitir trámites en gallego. Sin embargo, la DGT rechazó esta propuesta al alegar que, conforme el artículo 15 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, los ciudadanos pueden emplear la lengua cooficial en la sedes de su comunidad de forma presencial.
Es decir, si un ciudadano presenta una queja en la oficina de Vigo o en la Jefatura provincial de Pontevedra, es la propia administración la que se encarga de traducirlo. Un proceso que, a ojos de la valedora, «parece poco lógico».
La institución argumenta que la propia DGT ofrece, tanto en su página web como en su sede electrónica, todos los contenidos en lenguas extranjeras y cooficiales, incluyendo la gallega. Un aspecto que «da a entender que sus trámites en la sede electrónica» no requieren de traducción.
La valedora, finalmente, solicitó que se admitieran los trámites en gallego o, en su defecto, sea la propia administración la que se encargue de traducirlos. Sin embargo, la DGT, respaldándose en la posibilidad de entregarlos de forma presencial en gallego, declinó la propuesta.
19 RECLAMACIONES POR DERECHOS LINGÜÍSTICOS
El informe anual referente al año 2024 de la institución recoge 19 quejas individuales por derechos lingüísticos, tres menos que en 2023. El 73,7% de ellas fueron admitidas, mientras que el 15,8% se remitieron al Defensor del Pueblo.
Entre ellas, más allá del rechazo de la DGT mencionado, destaca una propuesta aceptada referente al Ayuntamiento de Dozón. La valedora, en este caso, recordó a la institución su deber legal de comunicar al Instituto Nacional de Estadística(INE)la necesidad de emplear el gallego y su grafía para referirse a O Sisto, pues es «su única forma oficial».
