La valedora do Pobo, María José Fernández Galiño, ha apelado a estar «vigilantes» con la Inteligencia Artificial (IA) en un informe, el de 2024, que pone la lupa en que trae consigo «nuevos riesgos y nuevos retos» para los derechos humanos, empezando por la protección de datos personales. El documento entregado este viernes al jefe del Legislativo, Miguel Santalices, también incide en el riesgo de acoso escolar.

En cuanto a la IA, además del derecho a la protección de datos personales, el informe recalca que el derecho al olvido, a la portabilidad o a la limitación de tratamiento, que las normas aplicables reconocen, pueden quedar «seriamente comprometidos» debido al uso de la IA.

Esta, agrega, también incide en el derecho a la igualdad y a la no discriminación, siendo la «idea imperante» tanto en el ámbito de instituciones públicas y privadas como de la doctrina científica que los sistemas de IA, en especial si son de aprendizaje automático, presentan sesgos discriminatorios y, en particular, de género.

Asimismo, el informe ratifica que la IA «puede poner en peligro el derecho fundamental a recibir información veraz».

ACOSO ESCOLAR

Pero uno de los puntos que pone en el foco el informe de la Valedora do Pobo de 2024 es el acoso escolar, que ha cobrado notoriedad pública en las últimas semanas a raíz de varios casos que han trascendido en la comunidad. Y recuerda que los datos estadísticos «siguen reflejando un porcentaje sostenido de alumnos víctimas de acoso, en un entrono del 9,4%, siendo el acoso presencial en un 6,5% de los casos; el ciberacoso un 1,1% y el acoso mixto (presencial y ciberacoso) de un 1,8%. Cita el informe difundido por Fundación ANAR.

Y en relación a las quejas tramitadas se pone atención a diversos aspectos, con los ‘puntos naranjas’ habilitados para denunciar casos en primer término. De hecho, la Valedora abrió una actuación de oficio tras tener conocimiento por parte de estudiantes de ESO y Bachillerato de diversos centros educativos «de la falta adecuada de información e difusión sobre la instalación» de dichos puntos.

La instalación de las cajas, subraya el informe, debería hacerse siempre en lugares que garanticen la privacidad, espacios en los que no se pueda presenciar el depósito de las comunicaciones. Galiño también ha hecho referencia a la relevancia de que haya opciones virtuales y ha destacado la respuesta favorable de la Administración a este respecto.

La Valedora también cita un caso en el que se entrevistó individualmente a todo el alumnado matriculado en la tutoría en la que se había registrado la denuncia, excepto a la supuesta víctima, que ya se había matriculado en otro centro, e incide en la necesidad de tomar las medidas adecuadas para que se «escuche» a la supuesta víctima.

«Debe ser irrelevante que continúe o no en el centro en el momento en que se tenga conocimiento de su caso o que exista una versión coincidente del resto del alumnado de no haber percibido o sido testigo de ningún episodio», recomienda.

ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO

El informe de la Valedora también refleja que, con ocasión de algunas quejas, se tuvo conocimiento de la activación del protocolo de prevención y actuación en los ámbitos sanitario y educativo ante el riesgo suicida infanto-juvenil.

Apunta, en concreto, que uno de los programas activado tras la pandemia y el confinamiento, ‘Código Agarimo’, se puso en marcha en 2023 con casi un centenar de escolares registrados. «A finales de 2024 había multiplicado esa cifra casi por tres», agrega.

La Valedora también incide en la relevancia de los informes de profesionales externos, ya que los indicios de acoso surgen, en ocasiones, en el ámbito sanitario antes que en el educativo.

QUEJAS POR E-DIXGAL

La valedora también ha hecho referencia a las quejas por ‘E-dixgal’ y ha apostado por estudiar alternativas «más flexibles» sobre la continuidad y la permanencia de los centros en los proyectos.

Asimismo, en la línea de ejercicios anteriores, se mantienen las quejas de determinadas comunidades educativas sobre la necesidad de obras de conservación, seguridad o servicios para el adecuado mantenimiento de los centros.