Más de un centenar de profesionales de los sectores de la discapacidad, protección de menores y educación infantil (0-3 años) se han concentrado este jueves en Santiago exigiendo convenios «dignos» y una negociación «real» en la que participe la Consellería de Política Social.

La concentración ha arrancado frente a la Consellería de Política Social para luego avanzar rodeando todo el complejo de San Caetano con consignas como ‘Convenios aquí e non en Madrid’ o ‘Menos ratios e máis persoal’.

A esta jornada de concentración se une también una huelga — de la que han denunciado servicios mínimos «abusivos» — convocada por la CIG y a la que se han sumado SNEP y CUT.

Los manifestantes exigen la intermediación de la Consellería de Política Social que, «pese a tener todas las competencias en estas materias, sigue sin querer escuchar las demandas» del colectivo y «sin implicarse en la constitución de un marco gallego de negociación».

El responsable de Ensino Privado de la CIG, Henrique García, ha hecho un llamamiento a todas las patronales a que faciliten el derecho a huelga «en lugar de obstaculizarlo» y que sean «valientes» a la hora de constituir mesas negociadoras en el Consello Galego de Relacións Laborais en cada uno de lo sectores.

Esa, ha insistido, es la verdadera herramienta para «dignificar las condiciones laborales y salariales» del personal, pero también para «garantizar una financiación apropiada para prestar los servicios esenciales que la administración delega».

«ABANDONO» DE LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

Y es que tal y como ha recordado él y otros compañeros, la mayoría de los centros de protección de menores y reforma y de atención a la discapacidad que existen están gestionados por patronales, asociaciones y empresas privadas que dependen de la Xunta al ser entidades sin ánimo de lucro.

«Por decisión política, la administración abandonó la gestión directa de estos servicios públicos concertando o conveniando su gestión a bajo coste. Tanto que las propias entidades se quejan de la falta de financiación suficiente para dar un servicio decente», denuncia.

Concretamente, respecto a la antención a niños de 0 a 3 años, lamentan que la universalización de la gratuidad del servicio «no haya supuesto ningún avance en las ratios ni mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras que, pese a realizar un trabajo igual al que presta, por ejemplo, la red pública de Galiñas Azuis, siguen percibiendo salarios en el límite del SMI».

Han remarcado la importancia de contar con convenios gallegos, «la única vía real y posible» para dar respuesta a las reivindicaciones del personal trabajador, dado que los tres convenios estatales por el que se regulan estas actividades, «negociación tras negociación no resuelven la precariedad existente e incluso inciden en discriminaciones entre el personal al establecer tablas salariales diferenciadas entre los contratos de nueva licitación y los que están en vigor».