Un grupo de 60 vecinos de la parroquia viguesa de Cabral han denunciado públicamente este lunes una «situación insostenible» de inseguridad, con amenazas, peleas y venta de drogas, por parte de «un grupo de politoxicómanos» que ha okupado una vivienda en la zona de Fontiñas.

A través de un comunicado, los vecinos han informado de que ya el pasado verano pidieron al Ayuntamiento medidas urgentes, así como a la Policía Nacional y al juzgado, sin obtener respuesta. Según han advertido, la convivencia a día de hoy «se ha convertido en una auténtica pesadilla», con una sucesión de episodios de violencia, ruidos, enganches ilegales a la red eléctrica «e incluso un aumento de la presencia de ratas».

El origen de los problemas está, según han apuntado, en una vivienda en el número 8 de la calle Fontiñas de Arriba, que está okupada desde septiembre del año pasado «por un grupo de personas con problemas de drogadicción y comportamiento violento». «Por ahora, ninguna institución ha tomado medida alguna», han lamentado.

Los residentes de la zona han afirmado que «hay gritos, golpes, música a todo volumen y peleas que llegan hasta el amanecer», y que la escalada de violencia ha llegado ya a la confrontación directa con los vecinos. Así, han explicado que en la mañana de este sábado han aparecido pinchadas las ruedas de algunos coches, y se preguntan «qué será lo próximo».

Además de los ‘enganches’ ilegales a la red eléctrica, han explicado que la propia concesionaria les ha cortado el acceso al agua, de manera que un grupo de estos okupas «se está lavando y lavando ropa en el lavadero del barrio, desaguando químicos tóxicos directamente al río Lagares».

A todo esto, insisten los vecinos, se suman robos y daños en coches, personas en estado de embriaguez o bajo los efectos de las drogas por la vía pública, venta de drogas «a todas horas» en la casa okupada, y problemas de insalubridad y suciedad.

«Vivimos con miedo y no podemos descansar ni dejar que nuestros hijos e hijas anden tranquilos por la calle», han subrayado y han vuelto a urgir una intervención de las autoridades policiales y municipales, así como de la propiedad de la casa okupada, «para recuperar la convivencia y la seguridad» en la zona.