El Gobierno ha defendido que las manifestaciones frente a centros de acogida de menores migrantes no acompañados buscan «amedrentar» a residentes y trabajadores y no «criticar» las decisiones del Ejecutivo.

«Es evidente que la intención de dichas manifestaciones es amedrentar a los residentes y trabajadores de los centros. Si la intención fuera criticar las decisiones del Gobierno, estas manifestaciones se producirían frente a las puertas de las instituciones públicas responsables de los traslados», asegura el Gobierno en una respuesta parlamentaria escrita recogida por Europa Press.

Así lo pone de manifiesto en respuesta a una batería de preguntas de Vox, que cuestiona al Ejecutivo sobre la «censura» respecto al lugar al que son trasladados los menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo en su traslado desde Canarias a la Península.

«¿Por qué el Gobierno censura una información a la que tienen derecho todos los españoles? ¿Quiere el Ejecutivo evitar que los vecinos de los barrios, pueblos y ciudades donde vayan a ser destinados los menas’ protesten y critiquen que hayan sido enviados a sus localidades?», preguntan los de Santiago Abascal.

Además, piden conocer cuántos menores serán acogidos por las comunidades autónomas y el número de ellos que han entrado en España desde 2018.

Por su parte, el Gobierno justifica que la reserva del destino de los menores migrantes trasladados a la Península, en el marco de la ejecución de las medidas cautelares dictadas por el Tribunal Supremo, «se debe fundamentalmente a la obligación de las instituciones públicas de velar por el interés superior del menor».

En esta línea, destaca que, en los últimos meses, se han registrado «manifestaciones de carácter xenófobo» en las puertas de los centros donde se han acogido menores no acompañados, sin contar los casos similares acontecidos a las puertas de los centros de protección de menores de otras comunidades autónomas o en los centros de acogida de los migrantes o solicitantes de protección internacional adultos.

Asimismo, considera «imprescindible» mantener «la debida reserva y discreción» respecto a los destinos efectivos de los menores migrantes no acompañados «para garantizar su seguridad y la de los trabajadores que las acompañan».

En todo caso, apunta que cada traslado es comunicado a las instituciones públicas concernidas, de acuerdo con la normativa de protección de menores. Así pone de ejemplo a las propias comunidades autónomas de destino, «cuyos gobiernos han sido elegidos democráticamente por los vecinos de los barrios y de los pueblos».

Por el momento, el Ejecutivo señala que la comunidad autónoma de Canarias ha solicitado el acceso al Sistema de Acogida de Protección Internacional respecto a 946 menores solicitantes de protección internacional. Estos añade que son los que han recibido una resolución favorable de acceso y tienen, por tanto, derecho a una plaza en el sistema.

Finalmente, expone que la estancia máxima ordinaria en el sistema de acogida es de dieciocho meses y recalca que «la iniciativa solicita datos de personas que han abandonado el Sistema de Acogida de Protección Internacional, en algunos casos, hace cinco años». «En cualquier caso, el grupo parlamentario puede dirigirse a las estadísticas oficiales para conocer el número de trabajadores adultos extranjeros», concluye.