La Fiscalía ha rebajado la petición de pena solicitada para un gestor acusado del delito de estafa, y que reconoció haberse quedado con más de 110.000 euros de devoluciones del IRPF utilizando los datos tributarios de varios contribuyentes con los que tenía relación profesional.

El ministerio público solicitaba inicialmente la pena de 4 años y 6 meses de cárcel, pero este martes, en una vista celebrada en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha modificado sus conclusiones para introducir las circunstancias atenuantes de confesión y de reparación del daño.

Así, el Fiscal ha explicado en el juicio que el acusado «reconoció los hechos desde el primer momento» y que ya ha empezado a devolver el dinero estafado (ha pagado algo más de 4.000 euros). Por ello, ha reclamado que se apliquen esas atenuantes y que se le imponga una pena de 1 año de cárcel, y multa de 480 euros.

El Fiscal también ha trasladado al tribunal que no se opondrá a la suspensión de la ejecución de la pena de cárcel por un período de 5 años, siempre que el acusado cumpla su promesa de seguir devolviendo el dinero estafado, a razón de 500 euros al mes.

Por su parte, la Abogacía del Estado ha mantenido su petición de penas que suman 3 años y medio de prisión, y multa de 1.800 euros, al entender que, si bien puede haber una atenuante de confesión, el procesado no ha reparado totalmente el perjuicio causado a la Administración Tributaria.

La defensa se ha adherido a las tesis del ministerio fiscal y ha remarcado que el hombre está «sumamente arrepentido» de lo que hizo, que confesó desde el primer momento, al tiempo que ha apuntado que se encuentra en «situación precaria» y, aún así, se ha comprometido a devolver el dinero.

Las partes han renunciado a la práctica de la prueba, habida cuenta de que el acusado ha reconocido los hechos. A preguntas del Fiscal, el hombre ha aseverado que lo recogido en el escrito de acusación pública «es cierto, de principio a fin».

HECHOS

Los hechos por los que es acusado ocurrieron entre 2017 y 2022, cuando el hombre trabajaba como gestor y asesor tributario. En ese tiempo, solicitó de la Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT) en nombre de distintos contribuyentes (que ignoraban lo que estaba haciendo), de los que tenía los datos fiscales, decenas devoluciones en relación con el IRPF.

El acusado presentaba telemáticamente las declaraciones tributarias usando los datos de esos contribuyentes, y ponía como contacto su propio mail. Cuando se acordaban las devoluciones, el hombre aportaba su propia cuenta bancaria, o cuentas de sus familiares, para recibir el dinero. En total, la cantidad estafada ascendió a 110.553,73 euros.