La magistrada del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Lugo ha rechazado este viernes la solicitud presentada por la empresa Family Cash para levantar cautelarmente el cierre del supermercado situado en el barrio de Abella y que fue clausurado el pasado martes por la Xunta de Galicia a raíz de una plaga de roedores.

Todo ello, horas después de que Sanidade levantase la medida cautelar y le permitiese abrir sus puertas, situación que se produjo a las 13.00 horas de este viernes. Aún así, la jueza desestima la petición al considerar que no procede admitir a trámite la medida cautelar de reapertura solicitada por la compañía.

Según explica, la solicitud no puede tramitarse por los cauces previstos en los artículos 135 y 136.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que regulan las medidas cautelares previas a la interposición del recurso y las actuaciones de suspensión provisional.

La magistrada recuerda que el artículo 136 de la citada ley solo permite adoptar medidas cautelares en esta fase cuando se trate de casos de «inactividad de la administración» o cuando esta actúe fuera de su ámbito competencial, circunstancias que no concurren en este supuesto.

Por ello, concluye que «no resulta posible entrar a valorar la concurrencia de los presupuestos relativos a la urgencia, el peligro en la demora o la ponderación de intereses en conflicto, puesto que la pretensión es, en sí misma, inadmisible».

El auto destaca que la decisión de clausura adoptada por la Xunta «se justifica por la existencia de una plaga activa de roedores y la presencia de excrementos, en distintas zonas de la tienda, la cafetería y el almacén», una situación que podría suponer «un riesgo grave e inmediato para la salud pública». En este punto, también se señala en el escrito la existencia de excrementos de pájaros.

La jueza subraya además que este tipo de cierre provisional «no encaja en ninguno de los supuestos procesales previstos», que permitirían admitir la medida cautelar solicitada.

Con esta resolución, el Juzgado avala la actuación de la Administración autonómica, que ordenó la clausura del establecimiento hasta que se garantizara la erradicación completa de la plaga y el cumplimiento de las condiciones sanitarias exigidas. Esta medida fue eliminada en las primeras horas de la mañana de este viernes después de que la empresa reconociese haber realizado un exhaustivo trabajo de limpieza y desinfección en las instalaciones.

La firma también avanzó esta mañana, a través del responsable de comunicación de la empresa, Víctor Romero, que las pérdidas ascendieron a 40.000 euros, 10.000 de gastos recurrentes y de personal y 30.000 de producto fresco que se ha perdido y no se ha podido recolocar en otras tiendas.

Asimismo, Romero señaló que «en 46 tiendas y 12 años es la primera vez que nos sucede algo así» quien considera que la orden de cierre no fue equilibrada para «un establecimiento como este cuando no se pone en peligro a terceros, ni se pone en peligro tampoco la salubridad ni de los clientes ni de nuestros profesionales».