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Fiscalía rebaja a 2 años de cárcel la petición de pena para un empresario que admitió haber defraudado 260.600 euros

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El juzgado de lo Penal 2 de Vigo ha acogido este jueves una vista contra el dueño de una empresa domicialiada en Gondomar (Pontevedra), Anthony D.R., acusado de haber defraudado a Hacienda más de 260.000 euros, correspondientes a los ejercicios fiscales de 2017 y 2018, y que ha reconocido los hechos, por lo que el ministerio público ha rebajado su petición de condena.

Así, la Fiscalía solicitaba un total de 6 años de prisión para el procesado por dos delitos contra la Hacienda Pública y multas que sumaban más de 1,5 millones de euros; igualmente, para la empresa solicitaba multa de 781.847,13 euros y la pérdida de la posibilidad de obtener suvenciones o ayudas públicas, así como del derecho a gozar de incentivos fiscales y de la Seguridad Social durante 5 años.

En la vista de este jueves, el acusado reconoció los hechos, y el Fiscal ha rebajado a un año la pena de prisión solicitada por cada uno de los delitos, y la multa para la empresa a algo más de 260.600 euros (la cantidad defraudada), además de 3 años sin ayudas públicas ni beneficios fiscales.

La abogada del Estado ha mantenido su acusación en los términos iniciales, ya que el acusado no ha pagado nada todavía de la cantidad defraudada. El procedimiento ha quedado visto para sentencia.

HECHOS

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, en los ejercicios 2017 y 2018 la empresa del acusado ocultó los ingresos obtenidos por ventas a través de la plataforma Groupon en la UE y en Reino Unido. Para «camuflar» los ingresos, la empresa los registraba con el concepto de «préstamo del socio».

Así, la Fiscalía sostiene que en esos dos ejercicios fiscales, la empresa ingresó cientos de miles de euros no declarados; igualmente, acusa al empresario y a la sociedad de ocultar los fondos obtenidos en una operación de flete entre la UE y Estados Unidos.

Estas operaciones «clandestinas» incrementaron la cifra de negocio de la sociedad, lo que suponía una ampliación de la base imponible real, pero el acusado declaró bases imponibles muy inferiores. Debido a esto, Hacienda dejó de ingresar 260.615,71 euros.

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