El Gobierno que dirige Alfonso Rueda ha aprobado este lunes el proyecto de la que será la primera Ley del Clima de Galicia, que incorpora varias novedades, como la regulación de la contratación pública con criterios ‘verdes’ y el impulso de incentivos fiscales al sector privado por rebajar emisiones. Además, sienta el marco para avanzar en la demanda de las competencias meteorológicas.

El objetivo último de esta norma, que ahora debe ser tramitada en el Parlamento, lo ha detallado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien ha perfilado su contenido junto con la conselleira del ramo, Ángeles Vázquez, al término de la reunión semanal del Ejecutivo: será lograr la neutralidad climática en el horizonte del año 2040, es decir, «una década antes del plazo fijado por la Unión Europea (UE)».

Más allá, en su día, con particular intensidad después de lo ocurrido con la DANA en Valencia, Rueda había avanzado su intención de reclamar para Galicia las competencias de meteorología. En concreto, el fin del Ejecutivo autonómico es el de «optimizar» la efectividad de las alertas meteorológicas y aprovechar los datos que ofrece Meteogalicia en la comunidad.

A preguntas de los medios, Vázquez ha ratificado que esta nueva norma, en la línea de lo que Galicia hizo con la ley del litoral, va en el camino de «anticiparse» y fijar un marco que se sustenta en la convicción de que las competencias meteorológicas deben residir en la comunidad.

«Aquí regulamos lo que entendemos que es nuestro y, a partir de ahí, cuando esté aprobada la ley y, como es lógico y así lo avanzó el presidente en su día, pediremos que se nos traspase el personal relacionado con Aemet», ha zanjado.

No en vano, una pata fundamental en el cumplimiento de los objetivos de la ley será la información meteorológica y climatológica. Con tal fin, se reforzarán las redes de control y la de calidad del aire, así como los servicios públicos para la gestión de los riesgos derivados del cambio climático para disponer de más datos y mejorar la capacidad de previsión y respuesta ante posibles fenómenos meteorológicos extremos.

La ley regula las llamadas proyecciones climáticas, que el organismo competente en materia de cambio climático se encargará de elaborar y revisar periódicamente para Galicia mediante la aplicación de modelos matemáticos.

APROBADA ANTES DE QUE FINALICE EL AÑO

Rueda ha enmarcado esta ley, que la Xunta quiere que quede aprobada en la Cámara antes de que finalice el año, en la «apuesta desde hace mucho tiempo de Galicia» por trabajar «en la lucha contra el cambio climático» desde una perspectiva transversal. «Queremos que cualquier contrato, plan o política puesta en marcha por la Xunta tenga en cuenta la perspectiva climática», ha señalado.

«Galicia será la primera comunidad en establecer por ley el objetivo de neutralidad climática», ha subrayado, por su parte, Ángeles Vázquez, quien ha asegurado que esta normativa va a facilitar «una transición ecológica justa, sostenible y generadora de empleo verde».

Así, se fija como compromiso «pionero» en España conseguir en 2030 una reducción de las emisiones GEI del 75 % respecto a las de 1990 –referencia a nivel mundial para las políticas climáticas– para seguir consolidando la tendencia de los últimos años.

REFUGIOS CLIMÁTICOS

La Xunta deberá promover todas aquellas acciones orientadas a preparar el territorio y proteger a la ciudadanía de los impactos ambientales y de eventos extremos ligados al calentamiento global, con la creación, por ejemplo, de refugios climáticos que reduzcan la vulnerabilidad de la población ante olas de calor o el fomento de soluciones basadas en la naturaleza.

Con el apoyo de la UVigo diseñó este año una metodología innovadora para gestionar y optimizar espacios más resilientes y saludables con la localización de refugios climáticos. Ahora, en una segunda fase que tomará la ciudad de Ourense como municipio piloto, se implementará una aplicación móvil, accesible para la ciudadanía, que mostrará mapas actualizados de islas de calor y posibles zonas refugio en cada ciudad, así como recomendaciones para minimizar la exposición a temperaturas extremas.

INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA CLIMÁTICA

La ley introduce con carácter general a deber de la Xunta y del sector público autonómico de integrar la perspectiva climática tanto desde el punto de vista de la reducción de emisiones, como de la adaptación a los efectos del calentamiento global en la elaboración de sus planes y programas sectoriales, en la preparación de contratos públicos cuando su objeto lo permita y en las convocatorias de subvenciones que tengan un impacto en los objetivos de neutralidad climática de Galicia.

En concreto, los instrumentos de planificación sectorial con una incidencia especial en el territorio deberán tener en cuenta las proyecciones climáticas (reguladas también en la ley) que simulan la respuesta del clima en la comunidad ante distintos escenarios de emisiones con el fin de mejorar la capacidad de adaptación y la resiliencia de Galicia.

La Xunta se apoyará en tres instrumentos de acción climática previstos en la propia ley para avanzar en las metas: la Estrategia Gallega de Cambio Climático; los planes regionales integrados de acción climática; y los planes de acción local por el clima, que la ley fija como obligatorios para ayuntamientos de más de 20.000 habitantes. De hecho, 17 de los 23 ayuntamientos gallegos que se encuentran en esta franja de población ya han elaborado y presentado su propio plan de acción.

La ley prevé la creación de nuevas herramientas de participación y coordinación, como el Portal de Acción Climática, que servirá como ventana de divulgación y transparencia en este ámbito; la Oficina de Cambio Climático de Galicia; y el Foro de Acción Climática.

CONTRATACIÓN PÚBLICA

Vázquez ha esgrimido que «Galicia quiere dar ejemplo a otras regiones» y a través de la Ley del clima sienta las bases para regular, por primera vez en la comunidad, «la contratación pública verde» para contribuir a la lucha contra el cambio climático.

En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la norma, se elaborará un programa específico para implantar y desarrollar criterios climáticos en los contratos públicos, criterios que, en todo caso, se integrarán de forma progresiva. Asimismo, se elaborará un catálogo que defina y detalle las posibles cláusulas climáticas y ambientales a introducir en los distintos tipos de contratos.

En todo caso y a la espera de que se concrete este trabajo previo, el criterio estrella que se pretende introducir progresivamente en las contrataciones del sector público gallego es la huella de carbono, entendida como la totalidad de las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a una organización, evento, actividad, producto o servicio concretos y cuantificada en toneladas equivalentes de CO2.

Con este mismo fin, la perspectiva climática se introducirá también en la elaboración anual de los presupuestos de la Xunta.

También se prevé que la Xunta modifique los instrumentos fiscales existentes con el fin de incentivar el sector privado a impulsar acciones que contribuyan a conseguir los objetivos en materia de cambio climático y se creará un Registro gallego de promotores de la neutralidad climática, de adhesión voluntaria.

También se pondrá en marcha el llamado sistema voluntario de créditos de carbono de la Xunta, que permitirá que empresas, organizaciones o ciudadanos puedan compensar emisiones GEI comprando créditos de otros proyectos que reducen o eliminan gases (iniciativas de reforestación, conservación de bosques, acuicultura o uso de energías renovables). Está previsto que se apruebe el decreto regulador en las próximas semanas.