Un informe del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea (UE), publicado el 11 de junio de 2025, avisó de que, en 2024, la Xunta de Galicia solo tenía previsto efectuar trabajos en menos de un tercio de todos los cortafuegos existentes, que el mismo documento indica que se deben mantener cada tres años.
Así lo recoge el Informe Especial sobre financiación de la UE para luchar contra los incendios forestales, que evalúa la manera en que la Comisión y los Estados miembros hicieron uso de la financiación de la UE para abordar la prevención, la preparación y la restauración frente a los fuegos.
Respecto a Galicia, el documento también afirma que, desde 2018, el presupuesto de prevención tanto de la Comunidad como de Andalucía ha sido mayor que el de respuesta y restauración. «En Galicia y Andalucía no se limitan a apagar fuegos», reconoce.
El eurodiputado socialista Nicolás González Casares ha rescatado este documento en plena ola de incendios en Galicia, que castiga especialmente a la zona de Ourense. Para él, según señala una nota de prensa, pone «negro sobre blanco» lo que lleva «años» denunciando su formación.
«La Xunta de Galicia no está garantizando la sostenibilidad de las medidas de prevención y vive instalada en la mentira y la propaganda», asegura el eurodiputado.
CORTAFUEGOS
El apunte sobre la previsión de trabajos en los cortafuegos lo recoge en un apartado que concluye que, a nivel general de la UE, la sostenibilidad a largo plazo de las acciones financiadas no se garantizó sistemáticamente.
Respecto a los cortafuegos, con arreglo a las normas de la UE, tanto su creación como su mantenimiento pueden optar a la ayuda del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader).
«En las regiones de España que visitamos, el mantenimiento de los cortafuegos creados depende de la financiación de la UE y, en algunas regiones, la financiación del Feader no es suficiente para cubrir estos costes», analiza el documento.
A renglón seguido, alude a Galicia, donde los cortafuegos deben mantenerse cada tres años. «Sin embargo, en 2024, las autoridades tenían previsto efectuar trabajos en menos de un tercio de todos los cortafuegos existentes», objeta.
DENUNCIA SOCIALISTA
Para González Casares, esto «compromete la eficacia» de las medidas financiadas con fondos europeos y «demuestra» que la Xunta «no asegura la continuidad de la inversión».
«El Tribunal de Cuentas Europeo es contundente al recoger que existe una dependencia excesiva de fondos de la UE y no se garantiza una financiación estable propia, lo que significa que, cuando no llegan fondos europeos, las acciones preventivas quedan en el aire, poniendo en riesgo tanto el monte gallego como la seguridad de las personas», expone.
Además, el eurodiputado socialista recuerda que la competencia en política forestal y prevención de incendios es de la Xunta de Galicia. «No vale echarle la culpa a Madrid ni a Brusela, quien tiene que planificar y mantener en el tiempo los trabajos es el Gobierno del PP en Galicia», concluye.
