El grupo municipal del Partido Popular en Lugo exige al gobierno local una apuesta «decidida y ejemplar» por las personas y por las trabajadoras del Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF), recordando que el Ayuntamiento cuenta con un presupuesto superior a los 121 millones de euros y que la gestión de este servicio es de competencia municipal.

La portavoz popular, Elena Candia, reclamó la aprobación inmediata de protocolos de prevención y protección que garanticen la seguridad de las trabajadoras y de los usuarios, así como la negociación de un convenio propio que mejore las condiciones laborales de las profesionales del SAF.

En este sentido, recordó que en marzo de 2024 ya se aprobó en pleno una propuesta similar para el personal de limpieza de edificios municipales, «pero un año y medio después el gobierno local sigue tramitando informes sin materializar ese acuerdo».

Candia recalcó que actualmente el número de trabajadores supera los 200 y usuarios en torno a los 500, «aunque son datos que no están afinados porque no se nos dan bien».

SITUACIÓN PRECARIA

Candia justificó la iniciativa del PP en varios motivos: el vencimiento del contrato el próximo año, lo que obliga a decidir si se mantiene la privatización del servicio; la reciente tragedia ocurrida en O Porriño; y las continuas denuncias de las trabajadoras del SAF en Lugo, que alertan de una situación de desprotección.

Entre otras irregularidades, la popular desveló la existencia de una instrucción interna que obliga a las trabajadoras a esperar 15 minutos si el usuario no se encuentra en el domicilio.

Ese tiempo, en el que permanecen disponibles, pero no pueden prestar el servicio por causas ajenas, no se retribuye y queda registrado como deuda con la empresa, salvo el abono de los desplazamientos.

«Nos han llegado testimonios con nombres y apellidos de trabajadoras despedidas tras atravesar bajas médicas, lo que demuestra la precariedad con la que se está gestionando un servicio esencial», denunció Candia.

La portavoz popular lamentó que «PSOE y BNG, que presumen de defensores de los derechos laborales, permitan esta situación en el SAF de Lugo. Dime de qué presumes y te diré de qué careces», ironizó.

El PP sostiene que sus demandas se apoyan en el marco legal vigente. En concreto, en la Ley de Servicios Sociales de Galicia de 2008, aprobada por el bipartito, que establece en su artículo 11, apartado f, como competencia municipal directa la gestión del SAF y la participación en las prestaciones destinadas a garantizar la autonomía personal y la atención a la dependencia.

Candia, que reconoció no tener conocimiento en Lugo de ningún caso de riesgo o abuso de las trabajadores, no dejó de señalar que «es deber de las instituciones adelantarse a las situaciones y ser ejemplarizantes».

Además, recuerdan que el Real Decreto de 16 de marzo de 2012 que desarrolla la citada ley señala que este servicio debe cofinanciarse entre todas las administraciones, lo que refuerza la obligación del Ayuntamiento de Lugo de garantizar su correcto funcionamiento.