El Instituto Galego de Terras Comunitarias (Ingateco) ha exigido que se asuman «responsabilidades políticas» en la Xunta ante la ola de incendios con el «cese de los equipos responsables» de la Consellería de Medio Rural, encabezada por su titular, María José Gómez, junto con los directores de Planificación e Ordenación Forestal y de Defensa do Monte. De forma «inmediata» también reclama que se convoque a todas las entidades interesadas a un Consello Forestal.

El presidente del Ingateco, Claudio Quintillán, ha afirmado, en un comunicado, que «hay que darle un giro radical al sistema de gestión forestal, aplicando medidas urgentes tanto políticas como técnicas en materia de organización de los espacios agrarios y los montes». La elaboración de un mapa de producciones de interés socio-económico, un plan hidrológico y acciones para velar por los Espacios Naturales, de la Red Natura y de la Reserva de la Biosfera son algunas de sus propuestas.

Creada en 2020 por personas con vinculación a la Administración pública, los montes vecinales, las concentraciones parcelarias y el asociacionismo, esta entidad se dedica al análisis del territorio rural y sus problemáticas para asesorar a las comunidades de montes, los propietarios particulares y los distintos grupos políticos.

Así, ante la situación actual, se suma a los especialistas partidarios de «modificar cuanto antes el modelo de gestión, que ya no vale» para atender el cambio climático. «Si no se adaptan los recursos y se va introduciendo progresivamente un cambio, continuará el fracaso», asegura Quintillán.

CRÍTICAS A LOS PLANES

El presidente del Instituto Galego de Terras Comunitarias ha criticado los mecanismos autonómicos implantados desde 1992 con el Plan de Incendios Forestales de Galicia (Infoga) al actual Plan de Defensa contra Incendios Forestales de Galicia (Pladiga) en 2007 por sus «nefastos resultados, que se están evidenciando en las últimas semanas.

Claudio Quintillán ha reprochado que la Xunta «no quiso adaptarse a la evolución del rural» ante la pérdida de actividad agraria, el envejecimiento de sus habitantes, la despoblación y el absentismo, optando por «aplicar una política continuista del franquismo y crear una herramienta para combatir los incendios».

Esta entidad también acusa a la Xunta de no defender, en los últimos cuarenta años, al sector agroganadero ni desarrollar medidas correctoras apoyando los servicios básicos, planificando el territorio, aportando ayuda técnica y económica a los propietarios de montes o haciendo una «buena gestión de los fondos europeos». Así, «el panorama presente es la consecuencia final de la política seguida en las últimas décadas», ha resumido Quintillán.

EUCALIPTO

Además, para esta organización «están por ver las consecuencias» de que «una cuarta parte» de Galicia está «ocupada por eucaliptal». Precisamente, sostiene que «otro de los grandes fracasos de la Xunta fueron los Planos Forestales» cuyos únicos «beneficiarios» han sido pasteras como Ence, «al pasar de una previsión de 245.000 hectáreas en 2032 a 500.000 hectáreas en 2025», ha denunciado Claudio Quintillán, que también ha reclamado que la Xunta informe sobre el segundo plan 2021-2040, dotado con 9.400 millones de euros y «denominado hacia a neutralidade carbónica», ha ironizado.

Quintillán ha destacado el «incumplimiento» de la legislación en materia de montes por parte de la Xunta por su «nula gestión del territorio».

En este sentido, la entidad ha cuestionado cómo se relaciona la Xunta con los propietarios, qué asesoramiento o qué servicios les ofrece, «teniendo en cuenta que solo el 3 por ciento del territorio gallego es de gestión pública, frente a un 64 por ciento de tierras privadas, un 33 por ciento de terrenos vecinales en mano común pertenecientes a unas 3.000 comunidades de montes y 1,2 millones de propietarios de parcelas agrarias, de las que 700.000 son montes», según datos de esta asociación.