El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santiago, Iago Lestegás, ha asegurado que no descarta recurrir, por vía administrativa o por vía judicial (o de forma paralela), la resolución de la Xunta de desistencia de la solicitud de declaración de zona de mercado residencial tensionado, en la que el edil ve «evidente intencionalidad política», y ha insistido en que la ciudad «cumple los requisitos».

En rueda de prensa este miércoles, ha subrayado que Raxoi aclaró «punto por punto» en un documento de 13 páginas el requerimiento de enmienda remitido por el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) en el que el departamento autonómico señalaba que los informes del Ayuntamiento «no se ajustan» a la ley estatal y lo instaba a «enmendar deficiencias».

Por ello, Lestegás ha defendido que no enviarían una respuesta así a lo que pedía el IGVS si el Gobierno local «quisiese desistir», criticando que la Xunta «da más explicaciones en la nota de prensa que en la resolución de desistencia de la solicitud. Una resolución que, además, ha reprochado el edil, «recibieron antes los medios de comunicación que el ayuntamiento».

En esta línea, el concejal compostelano ha argumentado que si la decisión «fuese técnica o jurídica» la Xunta expondría «más motivación en la resolución que en la nota de prensa», pero en su opinión, «es al revés», lo que «evidencia una intencionalidad política».

«A la Xunta no le interesa que se contenga el precio del alquiler. Como no pueden denegar nuestra solicitud porque cumple los requisitos legales, opta por dejarla en el limbo», ha censurado Lestegás, que también ha cuestionado si «alguien en la Xunta se leyó las 13 páginas de respuesta» porque «no la valoran e ignoran todas las explicaciones aportadas».

PUNTOS A CORREGIR

Entre las peticiones de la Xunta en el requerimiento, se demandaba que completase el plan de medidas correctoras para revertir la situación de mercado tensionado porque las ya incluidas «carecían de incidencia real, de una mínima concreción o ya estaban en ejecución». A este respecto, Lestegás ha defendido que se incluyen medidas que están en ejecución, pero «ese hecho no significa que vayan a contribuir a aliviar el mercado residencial».

También ha señalado que comprobó que el plan de medidas correctoras de A Coruña, que la Xunta sí aceptó, «incluye medidas correctoras ya ejecutadas» y allí, ha añadido, «no fue un problema», por lo que no ve «lógico que sea un problema en el caso de Santiago».

En cuanto a la reclamación del Instituto Galego de Vivenda e Solo de un nuevo documento de diagnóstico «a partir de datos oficiales y no de un portal inmobiliario», Lestegás ha vuelto a reiterar que entre los datos aportados están cifras del IGVS, que sostienen que «entre 2019 y 2024 el precio creció más del 40%, mientras el incremento del IPC fue del 20%». «Solo ese dato es suficiente para declarar nuestro municipio zona de mercado residencial tensionado», ha aseverado.

Por otro lado, la Xunta pedía que explicase la propuesta de reducir de diez a cinco el número de viviendas que una persona debía tener para considerarse «gran poseedor», mientras que el concejal de Urbanismo ha subrayado que en otras ciudades donde fue concedida la declaración –como en una veintena de Navarra– «la definición de gran poseedor incluye los propietarios de cinco o más inmuebles», tal y como solicitó Santiago.

Por todo ello, Iago Lestegás ha vuelto a insistir en que Santiago «no desiste ni va a desistir» y ha avanzado que «hará todo lo necesario para desbloquear una situación» que, ha apuntado, «no provocó el ayuntamiento, la provocó la Xunta negándose a aceptar la evidencia de que nuestro municipio cumple los requisitos legales».

REUNIONES TÉCNICAS

Asimismo, preguntado por el ofrecimiento de la Xunta de celebrar una reunión entre técnicos de ambas administraciones antes del requerimiento, Lestegás ha criticado que «el PP pretende poner un disfraz técnico a una decisión que no ha sido técnica, ha sido política».

En esta línea, ha manifestado que la resolución de un procedimiento de estas características «no puede depender de que se celebre o no ninguna reunión».

En cualquier caso, ha afirmado que él mismo o los técnicos municipales acudirán a todas las reuniones «que sea necesario mantener». «Recibimos un requerimiento formal que teníamos que responder por escrito, no desechamos la celebración de ninguna reunión», ha zanjado antes de insistir en que el procedimiento «no puede depender de que haya o no reuniones».

RECURSO: VÍA ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL

A partir de ahora, Iago Lestegás ha asegurado que no desecha «ninguna actuación», tampoco recurrir tanto por vía administrativa como judicial. Así, ha destacado que para el Gobierno local es «muy importante» esta declaración para «contener el precio del alquiler» en Santiago.

En este sentido, ha reconocido que el recurso contencioso-administrativo «puede tardar año o año y medio», señalando que no descarta «ningún escenario», incluso optar «en paralelo» por las dos vías.

«Cualquier persona que va a pagar un alquiler en Santiago quiere que esta ley se aplique y por nosotros no va a quedar. Vamos a hacer todo lo que sea necesario para que esto vaya para adelante», ha esgrimido.

Cuestionado sobre por qué cree que a la ciudad de A Coruña, gobernada por el PSOE, la Xunta sí le aceptó esta declaración y a Santiago no, Lestegás ha opinado que «la situación política» de ambas ciudades no es igual.

Asimismo, ha indicado que vio la declaración presentada por la ciudad herculina y «cumple los requisitos legales», por lo que «no se entendería» que no la otorgasen. Por ello, ha dicho que «no se entiende» que «en un caso sí y en otro no», mientras «justifican con cuestiones formales que ni siquiera motivan».

«GOBIERNO INCOMPETENTE»

Tras esto, la concejala del PP local María Baleato ha dado una rueda de prensa en la que ha tachado de «gobierno incompetente» al ejecutivo de Goretti Sanmartín por «no ser capaz de responder a un documento de subsanación». «Creemos que no es tan difícil», ha asegurado.

En esta línea, ha sostenido que el procedimiento para declarar zona de mercado residencial tensionado «está perfectamente regulado» y la documentación «está tasada y detallada», por lo que cree que «no hay más que aportarla» y considera que la Xunta «cumple con la normativa».

«Lo que no puede hacer el gobierno local es mentirle a los vecinos, no puede tratar de responsabilizar a la Xunta de su propia incompetencia», ha manifestado Baleato, que ha criticado que digan que «la decisión es política» porque «es jurídica».

Ha insistido en que la Xunta «actúa en base a los principios de legalidad», negando que haya «arbitrariedad, ideología o represalias políticas». En este sentido, ha puesto como ejemplo A Coruña, que «tramitó correctamente» y la ha obtenido.

«EL PROBLEMA ES OTRO»

Por otra parte, la concejala no adscrita Mercedes Rosón ha criticado la decisión de la Xunta, que ha tachado de «falta de respeto».

Para la edil, el problema que motiva la denegación «es otro»: «Lo que importa aquí, en esta absurda competencia en la que se han embarrado PP y BNG, es ver quien da más».

Así, ha acusado al BNG de «pecar de soberbia» y ha lamentado que «haya entrado al juego que buscaba el PP», entrando «en una competición en la que los que pierden son los vecinos».