Una treintena de personas se han concentrado ante la Casa Cornide en A Coruña — en su primer día de apertura al público, en cumplimiento de los requerimientos efectuados por la Xunta tras su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC)– para exigir su «devolución» al patrimonio público.
Ha sido con carteles en los que se podía leer ‘Devolución de la Casa Cornide al pueblo de A Coruña. Franquismo Nunca Más’ o que ‘Devuelvan todo lo robado’ en el marco de una protesta en el que han demandado, además, que el Ayuntamiento herculino impulse las actuaciones para su devolución al patrimonio público y que «convoque movilizaciones para que los Franco se marchen».
Así lo ha expuesto, en declaraciones a los medios de comunicación, Manuel Monge, presidente de Defensa do Común, entidad convocante de la protesta y que desde hace años ha promovido distintas movilizaciones para lograr que la propiedad que los Franco lograron en la década de los sesenta sea de nuevo de la ciudad.
Al respecto, Monge ha explicado que el inmueble era propiedad del Ayuntamiento de A Coruña y llegó a ser de Carmen Polo, esposa del dictador, a través de una puja, en la que Pedro Barrié de la Maza se hizo con la casa por 305.000 pesetas para cuatro días después formalizar la venta a los Franco por 25.000 pesetas.
«Sin que haya constancia de ningún pago», han insistido en línea con el escrito que han repartido tanto a los medios de comunicación como a las primeras personas que han accedido al inmueble.
«Vamos a seguir reivindicando la devolución, no solo que se abra», ha insistido para demandar también que se retiren las distinciones a personas que tuvieron, a su juicio, «un papel fundamental» en lo que Defensa do Común considera un «expolio».
Sobre las visitas, ha argumentado que las primeras están «arregladas» por haberse hecho público el miércoles que se abría el plazo de visitas para en un plazo corto decir que ya estaba todo el mes de agosto cubierto.
«Proponemos que en vez de una visita cada semana se hagan, por lo menos, tres, y en vez de cinco personas por visita, sean quince», ha dicho para argumentar también que la gestión de las mismas debería ser a través del consistorio coruñés.