El sistema público de pensiones funciona de forma que las cotizaciones de las personas trabajadoras en activo financian las prestaciones existentes para las jubiladas, consderándose como un fondo común intergeneracional. Los pensionistas siguen luchando en defensa de este servicio público. De los -aproximadamente- 9 millones de pensionistas del Estado, 5 de ellos están bajo el umbral de la pobreza o cerca de él. La pensión media en Galicia se sitúa en 811 euros (en el mes de octubre), la segunda más baja en toda España.

En el contexto gallego, un 11% de la gente que roza la pobreza son pensionistas. Son los diferentes casos de Gabriela, Alejandro y Gabriel, que con sus particularidades, consideran la situación en la que viven como «lamentable«. Los tres coinciden en que el servicio público de pensiones es «muy mejorable«.

Así, Gabriela Ladrero, a sus 73 años y cobrando una pensión mínima (677 euros), por debajo do salario mínimo, asegura que el 75% de lo que percibe se le va en el alquiler de su vivienda. «Tengo que estar siempre pendiente de la especulación, porque el precio de la vivienda sube y las pensiones no» explica. Trabajó desde los 15 años, pero cotizados sólo tiene 20, asegurando que «no puedo hacerle frente a gastos imprevistos» y que «después de trabajar toda una vida es un derecho tener una pensión digna«.

Si nos referimos a la situación de la mujer, hay brecha salarial, es decir, hay diferencias en el dinero percibido dependiendo del género.  La diferencia salarial de género en el conjunto del Estado  se sitúa en un 23,5 % según el último estudio del INE y esto se refleja en las pensiones. Así, la pensión media en los hombres es de 997 euros y la de las mujeres es de 617 euros, casi un 30% menor. En el ámbito gallego, las mujeres cobran tan sólo unos 18 euros más que la pensión mínima y 280 euros menos que la media estatal. «A todo eso debemos sumarle los cuidados de la casa, nunca remunerados en el género femenino», subraya Gabriela.

Por otra banda, Alejandro Ruetter, aunque que cotizó 5 años, fue mimo intinerante casi toda su vida. Se encuentra en una situación en la que cobra una pensión no contributiva, de 392 euros al mes. A sus 71 anos y 6 de jubilado, asegura que «gracias a que me dejan una casa puedo sobrevivir mes a mes«.

En los últimos anos, la Seguridad Social vio reducido su número de cotizantes, sobre todo, tras la reforma laboral de 2012. Pese a que se supone que la generación actual es la más formada de la historia, muchas personas tuvieron que emigrar al extranjero, debido a la falta de empleo y oportunidades. Dicha generación está a ser rentable en puestos de trabajo específicos fuera, sin ingresar en el Estado. «Se tiene que bajar la edad de jubilación, para que así se creen más puestos de trabajo y haya una evolución en la economía» demanda Alejandro. Además, partidos como el PP impulsaron los planes de pensiones privados frente al actual sistema público. «La publicidad de los planes de pensión privados llega a ser invasiva» señala dicho pensionista, pero tiene una explicación clara: «La banca siempre manda»:

é a máis formada da historia, moitas persoas tiveron que emigrar de novo ante a falta de emprego e oportunidades, polo que dita xeración está a ser rendible en postos de traballo específicos no estranxeiro, sen ingresar cartos no Estado. «Tese que baixar a idade de xubilación, para que así se cren máis postos de traballo e haxa unha evolución na economía«. Ademais, partidos coma o PP impulsaron os plans de pensións privados fronte ao actual sistema público. «A publicidade dos plans de pensións privados chega a ser invasiva» sinala Alejandro, pero ten unha «explicación clara»: «A banca sempre manda».

EL CASO DE GABRIEL, UN CASO DIFERENTE

Gabriel Pérez tienen cuatro idiomas, había hecho ya la carrera de Turismo y estaba trabajando a la vez que cursaba magisterior. De un día para otro cambió todo. Justo cuando iban a hacerle un contrato fijo en la empresa, comenzaron los ataques de esquizofrenia y tuvo que dejar de trabajar, con apenas 1 año cotizado. Estuvo meses de baja, pero tras declarársele la incapacidad tuvo que solicitar la pensión non contributiva, con la que tendría 450 euros y dos pagas extras. Como tarda de 2 a 3 años en llegar, entre medias, tuvo que solicitar el RISGA (403 euros), «por lo que esperé 8 meses sin percibir ningún tipo de cuantía económica», señala. Además, en el caso de vivir con sus padres o con una pareja de hecho, dejaría de percibir gran parte de este dinero.

Gabriel, además de con MODEPEN, colabora con Jóvenes Pensionistas. Señala que el problema de las pensiones «afecta a toda la juventud, es un problema que repercutirá mucho en el futuro». «Tenemos el riesgo de quedar sin pensiones» destaca. Él, también pide «una nueva ley de Valoraciones de Salud Mental y Estados Físicos» que está apoyada por partidos como Unidas Podemos.

O MOVEMENTO SOCIAL É A ÚNICA SAÍDA

Todos coinciden en la necesidad de reformar la gestión de las pensiones públicas. Se centran en revalorizarlas teniendo en cuenta el IPC real, así como una pensión mínima de 1.084 euros al mes. Gabriela enfatiza que «también pedimos una compensación económica por todos estos años en los que no percibimos un aumento». Además, «non pueden seguir robando de la hucha de las pensiones» señala Alejandro.

Cuando les preguntamos sobre los medios para atender a las diferentes demandas, los tres responden lo mismo: «la lucha es el único camino». Aún así, es crítico y echa cierta culpa a los sindicatos -como C.C.O.O, UGT o la CiG- que «buscando lo mismo, no se unifican y cada uno mira a lo suyo».

«Movementos independientes como MODEPEN aparecen en un momento en el que partidos políticos y sindicatos no son quien de moldear la realidad social» asegura Alejandro, que lo tiene claro: «gracias al movimiento en las calles se frenó el atraco que se quería hacer a las pensiones, hay que evaluar estas movilizaciones». En la misma línea, Gabriela destaca que en las pasadas elecciones «apenas se habló del tema» y que «hubo cierta cortina mediática con el tema de Catalunya presente».