El director xeral de Loita conta a Violencia de Xénero, Roberto Barba, sostiene que «uno de los motivos o detonantes» que lleva al agresor «a acabar con la vida de la mujer» es «la decisión de ella de dejarlo y poner fin a la relación que mantenían».
Así lo asegura en las alegaciones presentadas al informe del Consello de Contas sobre las actuaciones de la Xunta para la prevención integral de la violencia de género en la Comunidad entre 2018 y 2022, un documento que apremia al Ejecutivo autonómico a asignar más recursos a la sensibilización y prevención contra la violencia de género, al considerar que es lo que contribuye a su «erradicación» si las actuaciones «se efectúan de manera continuada y se extienden a toda la población».
Al documento, consultado por Europa Press, la Xunta formula seis páginas de alegaciones firmadas por el responsable de Lucha contra a Violencia de Xénero, quien censura que el ente fiscalizador sostenga que «el número de mujeres asesinadas es uno de los parámetros que mejor muestra el avance de las políticas de prevención contra la violencia de género». Así, responde que en el documento «no se recogen datos objetivos» que sostengan esa conclusión.
«Lamentablemente, el número de asesinatos de mujeres víctimas de violencia de género no tiene una relación directa, causa-efecto, con la intensidad de las políticas de prevención y sensibilización contra la violencia de género», argumenta Roberto Barba, que avisa de un «repunte muy preocupante de las actitudes machistas entre la gente joven».
Dicho esto apunta que, «más concretamente», en un «análisis realizado a nivel interinstitucional de los asesinatos por violencia de género», «se revela que, en muchos casos, uno de los motivos o detonantes que llevó al agresor a acabar con la vida de la mujer –y también a veces, a suicidarse el después–, fue la decisión de ella de dejarlo y poner fin a la relación que mantenían».
«PESO RESIDUAL» DE LOS PROYECTOS PARA PREVENCIÓN Y SENSIBILIDAD
Esta respuesta figura en el anexo del informe del ente fiscalizador que recomienda a la Consellería que asigne más recursos a las actuaciones de prevención.
Al respecto, entre otros aspectos, señala que en el ejercicio 2022 los fondos propios de la Comunidad autónoma se destinaron en su práctica totalidad (97%) a las actuaciones de protección y atención a las víctimas, fundamentalmente a ayudas económicas periódicas, «teniendo los proyectos para actuaciones de prevención y sensibilización un peso residual». Además, detalla que los fondos de la UE se destinaron a actuaciones de apoyo, inserción laboral y formación de las víctimas.
Asimismo, indica que, sobre los fondos del Pacto de Estado, entre 2018 y 2022 se detectó que el importe destinado a la prevención «fue decreciendo paulatinamente» al tiempo que crecían de forma continuada «los proyectos para la protección y asistencia a las víctimas».
En este sentido, el ente fiscalizador apunta también que algunas de las actuaciones relativas a la información, prevención, sensibilización y formación en el ámbito de la violencia de género «se refieren a medidas para el desarrollo de políticas de igualdad hombre-mujer y no específicamente a la prevención» de la violencia machista.
Otro aspecto que indica el Consello de Contas es que en el periodo 2018-2022 los centros de acogida en Galicia para víctimas de violencia de género «son de entidades municipales o propiedad de entidades privadas» y que solo el Centro de emergencias para víctimas de violencia de género (CEMVI) es gestionado por el Consorcio Galego de Servizos e Igualdade e Benestar. Con todo, reconoce que «en el periodo 2018-2022 no se llegaron a ocupar todas las plazas, siendo el porcentaje medio de ocupación del 69,4%.
COBERTURA DE PUESTOS
Además, el estudio de Contas destaca que, en el periodo 2014-2023, el programa presupuestario ‘313D Protección y apoyo de las mujeres que sufren violencia de género’ figura entre los siete que proporcionalmente más incrementaron su ejecución en Galicia. Sin embargo, detalla que «la evolución de la magnitud presupuestaria y de la correspondiente ejecución de las actuaciones no se acompañó de una evolución paralela de la relación de puestos de trabajo que pasó de 19 efectivos en el ejercicio 2018 a 17 en 2022».
Así las cosas, en sus recomendaciones, el ente fiscalizador considera que la consellería competente, en este caso la de Política Social e Igualdade, debe «impulsar los procedimientos para alcanzar una mayor dotación de puestos de trabajo en la dirección general competente en materia de violencia de género, en coherencia con el incremento de las magnitudes del programa presupuestario y para evitar el recurso a la contratación de personal temporal y la externalización de servicios».
También indica que la consellería debe llevar a cabo una adecuada planificación de los procedimientos de contratación y convocatoria de subvenciones, con publicidad y concurrencia, fundamentalmente para las actuaciones que se desarrollan de forma reiterada en todos los ejercicios.
Además, propone al departamento autonómico que evalúe «en qué medida» las ayudas reiteradas en sucesivos ejercicios, como las del alquiler, «contribuyen a la recuperación integral de las víctimas». «Las evaluaciones deben realizarse de forma periódica en base a indicadores de impacto con el fin de adoptar acciones correctivas, si fuesen necesarias, para hacerlas más eficaces».
