La Federación galega de municipios e provincias (Fegamp) ha confirmado este miércoles que los órganos del ente municipalista abordarán la puesta en marcha de protocolos de protección para las trabajadoras del servicio de ayuda en el hogar (SAF) tras el crimen de una profesional en uno de los domicilios en los que prestaba servicios en O Porriño.

El presidente de la Fegamp ha confirmado que el ente está estudiando posibles fechas para la celebración de los órganos en los que evaluar este asunto después de que el PP, a través de su portavoz y vicepresidente primero, Ángel Moldes, reclamase que se elabore un protocolo en el que se establezcan criterios comunes y estrategias de actuación ante posibles cuestiones derivadas del ejercicio de su actividad laboral.

También este miércoles, la viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, reclamó la puesta en marcha de protocolos de prevención y protección de las trabajadoras de este servicio y propuso que la negociación de estos se haga en la comisión mixta entre la Xunta y los ayuntamientos actualmente abierta.

Todo ello después de que el martes trascendiese que una mujer de 48 años, natural de Mos, falleció en una de las casas en las que trabajaba a manos, supuestamente, del marido de la mujer a la que cuidaba.

Tras el suceso, fuentes de la CIG explicaron que la propia víctima habría hablado en la mañana del suceso con el sindicato para informarle de que había sufrido una situación de acoso y que quería renunciar al servicio en la vivienda, por lo que pedía consejo para realizar el trámite.

Además, este miércoles, el alcalde de O Porriño, Alejandro Lorenzo, informó en rueda de prensa que la concesionaria del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) en la localidad, Aralia, era conocedora del rechazo de la víctima a trabajar en la casa donde ocurrió el crimen este martes.