El pleno de la Diputación de Lugo aprobó este martes, en su segundo intento, la actividad económica y el régimen jurídico del Centro de Atención a Persoas Maiores (CAM) de Becerreá, que no tuvo el consenso necesario en la pasada sesión debido a la falta de los tres diputados socialistas que se alinearon en la candidatura alternativa a Tomé.

En esta ocasión, la propuesta salió adelante a pesar de las continuas protestas de los vecinos, que también se manifestaron este martes ante el Pazo de San Marcos, y de los concejales del Partido Popular. Lo que no fue posible para los socialistas, al abstenerse el BNG, es sacar adelante la reprobación a la popular Elena Candia por la ‘Operación Pulpo’.

Pese al cruce de acusaciones, la moción sobre la residencia si fue aprobada y al finalizar la sesión, el portavoz provincial popular, Antonio Ameijide, ha insistido en que esta normativa certifica la «desigualdad» de trato a Becerreá y su comarca al aprobar una gestión que supone que «los usuarios tendrán que pagar un 60% más que en el resto de centros de atención a mayores de la Diputación de Lugo en otros ayuntamientos de la provincia por el mismo servicio».

En la sesión plenaria si se llegó a consenso en los primeros puntos, en los que se aprobaron dos declaraciones institucionales, una de ellas con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niñas y Niños, que se conmemora el próximo 23 de septiembre, y otra en la que la institución reitera su compromiso firme con una sociedad basada en el respeto a la legalidad, la convivencia y los derechos fundamentales.

Ambas declaraciones comparten un objetivo común: avanzar hacia la erradicación de cualquier forma de violencia, discriminación y discurso de odio, así como impulsar una sociedad inclusiva, igualitaria y segura, cimentada en los derechos humanos.

Asimismo, la Diputación ha expresado su respaldo a las políticas públicas orientadas a la protección de las víctimas, la promoción de valores educativos y el refuerzo de la cohesión social. La institución provincial también subrayó la necesidad de una colaboración activa y constante entre las administraciones, los cuerpos y fuerzas de seguridad y la ciudadanía para construir un entorno libre de explotación, racismo y cualquier tipo de discriminación.

El pleno ordinario ha acordado instar a la Xunta de Galicia a que mantenga los servicios médicos en los consultorios del rural durante los meses de verano, ponga fin a los recortes sanitarios e inicie un plan de choque que evite cierres y restricciones horarias en la atención sanitaria. La propuesta, presentada por el gobierno provincial, fue aprobada con los votos favorables del PSdeG y del BNG, mientras que el PP optó por abstenerse.

Antes del debate, el presidente de la institución, José Tomé Roca, lamentó que «muchos consultorios estén cerrados justo en verano, cuando más población hay», y vinculó esta situación a la falta de compromiso del Gobierno gallego con los servicios públicos. Tomé denunció que los recortes contradicen los esfuerzos por consolidar la provincia como destino turístico sostenible, ya que «sin servicios esenciales, como la sanidad, no se puede hablar de calidad de vida ni de atracción para visitantes».

La diputada Marisol Morandeira, por su parte, fue aún más contundente al señalar que la Xunta «consigue lo que parecía imposible: empeorar aún más la ya deficiente atención sanitaria que reciben los gallegos y gallegas». Recordó que al problema estructural de listas de espera, déficit de personal y carencias en urgencias y atención primaria, se suman cada verano nuevos recortes, justo cuando más aumentan las necesidades asistenciales en muchas zonas.

Morandeira ha citado al conselleiro de Sanidade, que recientemente anunció el cierre del 8,3 % de las camas hospitalarias en Galicia este verano. Sin embargo, en la provincia de Lugo esa cifra se eleva al 11,5 %, debido –denunció– al progresivo desmantelamiento de las áreas sanitarias de Monforte y A Mariña. «Estamos más de tres puntos por encima de la media gallega», advirtió.

El BNG ha criticado duramente también la gestión de la Xunta de Galicia en materia de atención primaria, denunciando lo que calificaron como un «plan de parcheo» estival y una utilización partidista de los recursos humanos del sistema público de salud. El pleno aprobó una propuesta del gobierno provincial que reclama al Ejecutivo gallego la cobertura de todas las plazas vacantes y de las sustituciones por vacaciones del personal sanitario durante el verano.

La portavoz del grupo provincial, Iria Castro, puso el foco en la falta de profesionales de medicina familiar y pediatría en numerosos centros de salud de la provincia. «Este plan vuelve a apoyarse en la precarización de los médicos residentes, que ejercen sin tener instrucciones claras sobre quién supervisará su trabajo, y en la prolongación voluntaria de las jornadas laborales», denunció. «¿Están organizando un festival o gestionando la sanidad pública de Galicia?», se preguntó de forma irónica.

OPERACIÓN PULPO

El PSOE sí perdió la votación de la moción en la que pedía que la presidenta del PP lucense, Elena Candia, abandonase la política y pidiera disculpas a los perjudicados por la ‘Operación Pulpo’, donde fue investigado el socialista José Ramón Gómez Besteiro, anterior presidente de la Diputación. Para Ameijide el resultado, en el que el BNG se abstuvo, implica «la soledad de Tomé» y que tiene que ser él el que dimita.

Tampoco obtuvo el respaldo del pleno la moción del PP en la que se pedía que no prosperase el desarrollo urbanístico del polígono C dentro del entorno del Rato y el barrio de Paradai, para que fuese una zona verde. Explican los populares que en la zona se quiere levantar una torre de 8 plantas y que si devuelven el dinero al adjudicatario de los terrenos, estos pueden volver a ser propiedad del ente provincial.