El Ayuntamiento de Santiago ha defendido ante el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) de la Xunta que la documentación aportada justifica «con claridad, utilizando datos objetivos procedentes de fuentes oficiales y no oficiales, el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para que el municipio sea declarado zona de mercado residencial tensionado».
Así lo ha trasladado el concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, en una rueda de prensa en la que ha explicado los principales puntos de la nueva carta remitida a Vivenda como respuesta al requerimiento de enmienda recibido el pasado 8 de julio, en relación con la solicitud de declaración del municipio como zona de mercado residencial tensionado.
La misiva, enviada el 23 de julio, reafirma que el diagnóstico elaborado por el Grupo de Estudios Territoriales de la Universidade da Coruña (GET-UDC) «incluye una extensa y exhaustiva fundamentación metodológica» y evidencia con «claridad y rotundidad el tensionamiento del mercado residencial compostelano».
Entre las principales observaciones del instituto gallego dependiente de la Xunta se encontraba el uso de fuentes no oficiales para justificar los indicadores exigidos por la normativa estatal. El Ayuntamiento ha aclarado que el diagnóstico combina datos de fuentes oficiales –como el propio IGVS, el INE y el Ministerio de Vivienda– con fuentes complementarias como el portal ‘Idealista’, y «cumple las condiciones legalmente exigidas».
DEBATE SOBRE LAS FUENTES
Asimismo, ha rechazado que su estudio dependa de fuentes no oficiales, y ha añadido que los datos del propio ente público «ya bastarían para justificar la declaración solicitada».
Con relación a esto, ha señalado que el primer indicador clave, relativo al esfuerzo económico de los hogares para pagar el alquiler y los suministros básicos, supera el umbral del 30% fijado por la ley. Según datos de Vivenda, el esfuerzo en Santiago alcanza el 30,1%, y según el ‘Idealista’, el 31,1%, una coincidencia que ha subrayado.
En esta línea, Lestegás ha ampliado que el diagnóstico ha contado con el respaldo mayoritario de la mesa sectorial y ha apuntado que las observaciones del IGVS sobre el contenido del plan se basan en «juicios de valor que no corresponden a un procedimiento administrativo como este».
También el concejal ha avanzado las modificaciones incorporadas en su respuesta: el Consistorio ha ajustado la definición de ‘vivienda protegida’ para incluir las establecidas tanto en la ley estatal como en la ley gallega y ha corregido la referencia al momento en que entran en vigor las medidas de contención de precios, especificando que es tras la resolución ministerial, y no tras la declaración por parte del IGVS.
Con todo, Lestegás ha concluido que «sería muy difícil justificar que no se reanude la tramitación tras una respuesta tan detallada», y ha avanzado que «espera que en septiembre, como muy tarde, se resuelva favorablemente la solicitud».
