El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado el recurso de la Asociación pola Defensa da Ría (APDR) y ha vuelto a avalar, por tercera vez, la prórroga hasta 2073 de la concesión de los terrenos de Ence en Lourizán, en Pontevedra, acordada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2016.
Se trata de un nuevo fallo dictado por el alto tribunal el pasado 17 de julio, al que ha tenido acceso Europa Press, y que reproduce buena parte de las dos sentencias anteriores, en los procesos promovidos por el Ayuntamiento de Pontevedra y Greenpeace. Igual que las dos ocasiones anteriores, también ha emitido un voto particular la magistrada Ángeles Huet de Sande.
Cabe recordar que la Audiencia Nacional, en septiembre de 2021, había estimado los recursos contra la prórroga que dio el Gobierno central en 2016, cuando estaba en funciones, a lo que la compañía, otras entidades de sector y empresas auxiliares habían presentado recurso.
Posteriormente, el Supremo les dio la razón y, en esta ocasión, ha sido en el procedimiento ordinario que siguió contra la demanda de APDR y que era el último que tenía pendiente de resolver.
TRES ARGUMENTOS DE LA ASOCIACIÓN
La APDR había alegado tres motivos para recurrir la sentencia anterior y pedir que el caso volviese a la Audiencia Nacional: que el Gobierno estaba en funciones al conceder la prórroga en 2016; que debía aplicarse la Directiva europea de servicios en el mercado interior; y que alargar la concesión hasta 2073 vulneraba el artículo 132.1 de la Constitución.
Ence destaca que el Supremo rechaza las pretensiones de la asociación recordando que «en casación solo se puede impugnar el fallo, no los argumentos». Asimismo, los magistrados reiteran que la directiva no es aplicable a las prórrogas de concesiones del régimen transitorio de la Ley de Costas porque fueron concebidas «como compensación a titulares de derechos anteriores» y «no están sujetas a procedimientos de libre concurrencia con terceros», como exige la normativa europea.
De hecho, los argumentos del TS van en la línea de las dos sentencias anteriores y no considera que se pueda aplicar el artículo 32.1 de la Ley de Costas de 1988 a las prórrogas de concesiones que, como la de Ence en Lourizán, fuesen otorgadas de acuerdo con la modificación introducida en 2013.
Y es que, según entiende el Supremo, la pastera responde al concepto de «actividades que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación». Por tanto, los magistrados avalan la concesión de los terrenos situados en el dominio público marítimo-terrestre desde 1958 y que, si se cumpliese el máximo permitido por la ley de 1998, debía finalizar en 2033.
Además, recalcan que los requisitos medioambientales de la biofábrica se dan por cumplidos al contar con un informe favorable de la Xunta.
‘PLAN SOCIAL’ ENCE
Por otra parte, el ‘Plan Social’ de Ence Pontevedra acaba de cerrar su sexta convocatoria, dotada de 3 millones de euros, tras recibir un total de 382 iniciativas. La empresa, a través de un comunicado, celebra estas cifras que la consolida «como una de las actuaciones privadas más relevantes en materia de desarrollo sostenible y cohesión en la comarca».
Las cinco áreas de actuación más destacadas han sido deporte de base (156 proyectos), recuperación y cuidado del entorno (69), educación y cultura (65), promoción de la inclusión social (59), y emprendimiento e innovación (33).
La comisión de seguimiento del ‘Pacto Ambiental’, integrada por la Xunta y Ence, llevará a cabo el proceso de evaluación y selección de los proyectos del ‘Plan Social’. Por su parte, la consultora Valora coordinará el análisis detallado de todas las solicitudes presentadas.
Ence dará a conocer los resultados y proyectos beneficiarios a lo largo del cuarto trimestre de 2025. El listado completo de proyectos solicitados estará disponible en la web plansocialence.es. Cada solicitante recibirá una notificación individual con la evaluación correspondiente.
