La plataforma de víctimas del accidente del tren Alvia ocurrido en Angrois (Santiago) en julio de 2013 denuncian que 12 años después «el Estado no responde» ni ha asumido «ninguna responsabilidad política» por la tragedia en la que murieron 80 personas y 144 resultaron heridas.

Varios integrantes de la plataforma han comparecido este jueves ante los medios de comunicación a la entrada de la estación de ferrocarril compostelana coincidiendo con el 12º aniversario del siniestro ferroviario.

En su intervención, el presidente de la asociación, Jesús Domínguez, ha apuntado a Isabel Pardo de Vera, quien en su día fue directora de obra, entre otros tramos, de los accesos a la capital gallega, donde el 24 de julio de 2013 descarriló un tren Alvia.

Hace ahora un año, la jueza determinó que, además del maquinista, el ex director de seguridad de Adif Andrés Cortabitarte también es culpable de 79 delitos de homicidio y 144 de lesiones por imprudencia profesional grave.

«El Estado no responde y no se ha asumido ninguna responsabilidad política», ha criticado Domínguez, para quien «es muy triste» y «dice muy poco de las instituciones» tanto esto como que «el actual ministro Óscar Puente va a pasar a la historia como el único ministro que no» les recibe, en una actitud que tilda de «pusilánime y cobarde».

Además, ha criticado que «aquí se ha inaugurado la nueva estación y no hay ni una placa ni un recuerdo a las víctimas, porque de lo que se trata es de olvidar para ocultar las responsabilidades que son claras».

«La pregunta que nos hacemos las víctimas es si la corrupción mata, porque quiero recordar que en la entrada a Santiago estaba al mando Pardo de Vera, que ahora está imputada», ha incidido.

Al respecto, ha afirmado que el sistema de seguridad ‘ERTMS’ que hubiera evitado el accidente según recoge el fallo judicial «se recortó con Blanco –el exministro de Fomento del PSOE– a la cabeza y se recortaron 19 millones de euros». «No sabemos en qué se lo gastaron, si en alguna fiesta o no sabemos», ha advertido.

Por eso se preguntan las víctimas «si la corrupción, a parte de llevarse el dinero, también mata, porque ese recorte del sistema de seguridad que hubiera evitado el accidente supuso un ahorro de 19 millones de euros».

Al margen de esto, han recordado que han tenido que acudir a Estrasburgo con sus recursos y esperan que el tribunal les dé la razón y obligue al Estado a repetir la investigación que hizo la comisión de investigación de accidentes ferroviarios (CIAF) y que solo culpa al maquinista.

«Es muy complicado saber los plazos en Europa, pero entendemos que a lo mejor en el plazo de seis meses podremos tener noticias», ha destacado.

Por último, ha indicado que la sentencia «ha sido pasar un poco de página» en una «lucha muy dura contra todo el aparato del estado», de ahí que este año ni se concentren ni hagan en la curva de A Grandeira, en Angrois, un acto de homenaje a las víctimas qu e»resultaba muy doloroso» y que este año limitaron a un encuentro privado este miércoles en el Pazo do Faramello.

ANA MIRANDA (BNG)

Junto a ellos ha estado la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, quien les llevó a Europa en varias ocasiones durante estos años, y este jueves ha anunciado la presentación de una denuncia en la Comisión Europea para exigir una investigación.

En este sentido, la eurodiputada nacoinalista se ha comprometido «a seguir trabajando para que se conozca toda la verdad del accidente acontecido hace 12 años».

EL COMUNICADO

La plataforma firma este jueves un comunicado que incide en que siguen «esperando respuestas» del Gobierno tras «años de sufrimiento y daño irreparable que se podría haber evitado».

Doce años después, «el Estado sigue sin responder, pese a la condena penal al Adif y la exigencia de una investigación independiente por parte de Europa». «Nadie asume responsabilidades políticas, ni ofrece una respuesta a las víctimas», censura.

Esperando aún «una verdadera respuesta política y técnica», la plataforma recuerda que el pasado 26 de julio de 2024 se dictó una sentencia «histórica» que condenó penalmente al ex director de seguridad de Adif por la tragedia.

«La sentencia fue clara: resultaba ‘incomprensible’ que un tramo tan peligroso se quedase sin la protección adecuada, dejando toda la responsabilidad en el maquinista y sin cumplir con la legislación en materia de seguridad ferroviaria», recoge el comunicado.

Para esta plataforma, el fallo judicial «demostró» lo que este colectivo denunció «desde el primer día: fue una tragedia evitable, consecuencia de prisas, codicia, negligencias y decisiones políticas erróneas».

«La llamada ‘verdad oficial’ –que culpaba exclusivamente al maquinista y negaba que fuera alta velocidad– quedó desmontada, gracias al esfuerzo titánico de víctimas, familiares y personas comprometidas y valientes», resalta.

Al respecto, subraya que lo hicieron «sin medios ni recursos» y reivindica haberse «enfrentado y vencido a un aparato de poder dispuesto a silenciarles». En concreto, apunta a gobiernos, fiscalía, abogacía del Estado, «etcétera».

«Su objetivo era evitar cualquier tipo de responsabilidad y contaminar a la opinión pública para ocultar la verdad, las negligencias y los incumplimientos normativos de seguridad», asegura la plataforma.

«Años de sufrimiento y daño irreparable que se podría haber evitado. Seguimos esperando respuestas por parte del Gobierno, y una investigación técnica independiente, como exige desde hace años la UE», subraya.

La realizada en su día por el gobierno culpa «únicamente al maquinista y no analiza las causas raíz que afectan al ministerio, a Renfe y a Adif», cuestiona. Y añade que, tras la sentencia, «es más obvio que la investigación resulta infame y es necesario repetirla».

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos estudia si España vulneró derechos fundamentales al negarse a cumplir la normativa comunitaria sobre seguridad ferroviaria.

«NINGUNEADOS POR CINCO GOBIERNOS Y CINCO MINISTROS»

«Durante 12 años, hemos sido ninguneados por cinco gobiernos y cinco ministros. Ni PP ni PSOE junto con Sumar o Podemos han tenido la voluntad de revertir la situación. Pedimos que se retracten y pidan perdón: el presidente del Gobierno, los ministros responsables, los partidos que participaron en el encubrimiento, y todos los que mintieron y sumaron más dolor al sufrimiento de las víctimas», sentencian.

En especial, exigen «una disculpa pública» de Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, José Blanco, Ana Pastor «y de todos quienes no cumplieron con su deber».

«Nuestra lucha para que se conozca toda la verdad y se asuman responsabilidades se la dedicamos a las víctimas que ya no están, a quienes no pudieron defenderse. La lucha ha servido y debe servir de lección. Pero aún queda pendiente una respuesta política, una investigación técnica independiente y justicia completa», concluye el comunicado, en memoria de los 80 muertos y 144 heridos, «y para que no vuelva a suceder».