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BNG pide trasladar de los ayuntamientos a la Diputación de Ourense la gestión de biomasas para prevenir incendios

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El BNG presentará en el pleno de este jueves de la Diputación de Ourense una moción para reclamar, a través de un «marco de colaboración» voluntaria con los ayuntamientos de la provincia, que el organismo provincial asuma la gestión de biomasas con el objetivo de mejorar la prevención frente a los incendios. Los nacionalistas estiman que tendrá un coste de en torno a un millón de euros.

El diputado provincial del BNG Bernardo Varela ha recalcado en rueda de prensa la importancia de poner en valor los territorios que se han ido abandonando en el rural ourensano y que suponen, actualmente, un «alto peligro de incendios», ya que «un territorio aprovechado es mucho más difícil que arda».

El grupo provincial solicita a la Diputación de Ourense que se ocupe de la «gestión, liquidación y cobro» del trabajo y de las posibles sanciones por incumplimiento de la normativa de limpieza de biomasa en las parcelas abandonadas en los núcelos rurales, porque entiende que este organismo cuenta con una «maquinaria administrativa más pontente» que la de los ayuntamientos, algo que facilitaría la posibilidad de convertir estas parcelas privadas en territorios de titularidad pública. «La función prioritaria de la diputación provincial es la de colaborar con los ayuntamientos, especialmente los de menos de 20.000 habitantes», añade Bernardo Varela.

El nacionalista pone el foco, además, en el «papel fundamental» de la Xunta de Galicia. Pide que se transfieran las competencias del catastro a la comunidad autónoma y se cree un convenio entre Xunta y Ministerio de Hacienda.

«El catastro está desactualizado y eso hace que aparezcan parcelas de propiertario desconocido», ha explicado. Una situación que hace «imposible» localizar a estos propietarios aunque se manden notificaciones para la limpieza de los terrenos, según la ley de prevención y defensa de los incendios forestales.

La clave, ha añadido Varela, está en «incidir en la prevención», para evitar, según sus cálculos, un gasto anual de 300 millones de euros en la extinción de incendios.

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